Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán se unieron para rechazar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los juzgadores sean electos por voto popular.
Durante el seminario de la SCJN El derecho a la información, la importancia de la transparencia, que se llevó a cabo en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, los tres ministros expresaron su desacuerdo con esta propuesta.
Por un lado, y a pesar de haber sido señalada como cercana a la ‘4T’, Ortiz Ahlf se mostró segura en repudiar la idea de que los juzgadores puedan ser electos por voto popular.
La ministra ha estado de acuerdo con otros proyectos del gobierno actual, como el plan B electoral.
También votó en contra de que se declarara inconstitucional trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Su rechazo se repitió nuevamente cuando se invalidó el decreto que clasificaba las obras prioritarias del gobierno como “de interés público y seguridad nacional”.
Sin embargo, en esta ocasión sostuvo de forma determinante que “no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular”.
Al ahondar en su respuesta, Ortiz Ahlf sostuvo que “el perfil para llegar a la Corte, los abogados que necesita la Corte, son abogados que necesitan tener un perfil específico, y que ese perfil no se puede alcanzar en las urnas siendo electos”.
Además, retomó que hay lugares, como Estados Unidos, donde estos ejercicios ya se llevan a cabo, sin que necesariamente sea productivo. “El tema lo he reflexionado desde hace un buen rato, y comparándonos con Estados Unidos, porque en Estados Unidos son electos algunos, no considero que sea un sistema adecuado”.
Agregó que durante un encuentro con juzgadores en Texas pudo cuestionar a uno de los asistentes que se mostró fuertemente a favor de la pena de muerte, y que en específico se la había ordenado a un mexicano, a pesar de que había pruebas de su inocencia.
“En ese momento le pregunté, ‘¿por qué emitió esa sentencia?’ Y lo dijo clarito: ‘es que esto me dio más popularidad, me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial’, y eso es lo que no podemos permitir”, sentenció.
Por otro lado, la ministra Ríos Farjat, quien ha sido incluida por el presidente López Obrador entre algunas de las figuras que lo “han traicionado”, se sumó al rechazo al considerar que podría generar incertidumbre. “Cuando lleguen los jueces electos popularmente, ¿van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? Si van a necesitar mantener ese apoyo popular, ¿eso va a condicionar sus decisiones?”, cuestionó.
Asimismo, señaló que “el Poder Judicial tiene una confirmación y debe ser integrado de manera distinta: a través de los representantes populares, con garantías, colaboración de poderes y demás”.
Finalmente, Alberto Pérez Dayán, a quien el Presidente le ha dicho que “no defiende la Constitución sino sus intereses”, alertó que con este plan se pone en riesgo la seguridad jurídica, ya que el compromiso de los juzgadores es con la norma y no con los electores.
“¿Es precisamente lo que la voluntad del colectivo quiere escuchar del juez al que colocó ahí a través del sufragio, y si no lo hace, se tiene que ir? Todo dependerá entonces del talante que tenga la sociedad en ese momento”, concluyó.