Con el voto sólo de Morena y sus aliados del PT y PVEM, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, para que el Poder Judicial de la Federación pague con sus recursos los servicios públicos de correos y telegráficos que utilice.
Mientras que los diputados de la llamada Cuarta Transformación (4T) argumentaron que esta reforma es para fortalecer a las dos empresas públicas de Correos y Telégrafos, la oposición votó en contra porque acusó que se busca debilitar al Poder Judicial, como estrategia del Ejecutivo federal.
Con 217 votos a favor y 158 en contra del PAN, PRI, MC y PRD, el dictamen –turnado aún al Senado para su discusión y votación- ordena e impone multa de 100 a mil días si los jefes o encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se niegan a recibir o transmitir los mensajes de referencia, excepto por el no pago derivado de la prestación de los servicios públicos de correos o telegráficos al Poder Judicial.
Agrega que en un plazo de 120 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Servicio Postal Mexicano y Financiera para el Bienestar, respectivamente, y los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación que conozcan de los juicios de amparo deberán firmar los contratos de prestación de servicios correspondientes.
En éstos se determinarán la forma, el plazo y la modalidad en que estas autoridades realizarán el pago por la prestación de los servicios públicos de correos o telegráficos.
El vicecoordinador de los diputados de Morena, Leonel Godoy, explicó en tribuna que el objetivo es fortalecer el servicio de correos y telégrafos, a través de dos empresas estatales, por lo que “es falso decir que lo que se quiere es debilitar al Poder Judicial”.
“El dictamen sólo persigue fortalecer a estos dos grandes servicios que requiere el pueblo y fortalecer a las empresas públicas”, dijo.
Expuso que de 2006 al 2023 Correos de México dejó de recibir 310 millones de pesos, y Financiera para el Bienestar (FINABIEN) más de siete mil millones de pesos.
Llamó a votar a favor del dictamen y puntualizó que en el fondo se trata de poner fin a la política neoliberal privatizadora de los anteriores gobiernos del PRI y el PAN, que buscaron privatizar todo; “eso es lo que está en el fondo. No tiene nada que ver con el presupuesto del Poder Judicial de la Federación”, insistió.
Por el PAN, la diputada Lizbeth Mata afirmó que SEPOMEX y FINABIEN son las únicas entidades del Estado mexicano en las que recaen de manera exclusiva las áreas estratégicas referentes al servicio público de correos y telégrafos.
Además, SEPOMEX está en una situación financiera difícil, ya que sus ingresos propios no han sido suficientes para cubrir los gastos totales. Sin embargo, “desmantelar al Poder Judicial no es la solución”.
Indicó que ambas instituciones están obligadas al cumplimiento de la prestación de servicios previstos en la ley, pero que es evidente la necesidad del Poder Judicial de comunicar y el de ambas instituciones de prestar el servicio.
“Ahora, el uso de los servicios telegráficos por parte del Poder Judicial tendrá un costo o habrá negativa si no generan un costo”, advirtió.
La diputada del PRI, Carolina Viggiano, dijo que su voto en contra es porque “es una reforma que pretende atacar o debilitar al Poder Judicial Federal y porque es lamentable que en lugar de discutir reformas importantes que están en comisiones para mejorar el sistema de justicia, estemos discutiendo ésta que no tiene trascendencia”.
Consideró que lo que se debería hacer es ver cómo mejorar el sistema de justicia y lamentó que se invierta tiempo en estos casos que en nada mejoran a dicho sistema.
“Hoy se usa el sistema de justicia sólo para perseguir a los opositores, para judicializar la política. Hoy nos convocaron sólo para esta iniciativa, por un capricho del oficialismo”, dijo.
