El ministro Javier Laynez otorgó una suspensión para frenar la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación este martes 5 de diciembre.
Al admitir a trámite las acciones de inconstitucionalidad 214/2023 y 220/2023, el ministro también otorgó esta medida, que surtirá efecto mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve el caso.
Ahora, los 15 mil millones de pesos de esos fondos no podrán ser utilizados para otros fines que no sean los establecidos por el máximo tribunal.
“Se concede la suspensión solicitada por las diversas senadoras y senadores, así como determinadas diputadas y diputados del Congreso de la Unión, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído”, sentenció Laynez Potisek.
Estas acciones fueron presentadas por legisladores de oposición en contra de la propuesta avalada por Morena en el Congreso, que también desató una ola de protestas por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Las eliminaciones de fiedeicomisos llevaron al primer paro nacional de labores, así como a la primera manifestación de los trabajadores de la judicatura, que, al grito de “no son privilegios, son nuestros derechos” reclamaron la eliminación se los fideicomisos.
La decisión llega dos semanas después de que, por unanimidad, los ministros desecharon un reclamo por parte del Ejecutivo federal, que pidió que Laynez se excusara del caso.
El ministro recordó que cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales, únicamente el ministro puede decidir si hay algún obstáculo para que analice los casos.
Puntualizó que esto únicamente se ha dado en ocasiones muy específicas y no es algo común, por lo que consideró que no es el caso. Señaló que no considera que exista algún vicio que afecte su decisión.
Este freno se suma al obtenido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) el 27 de noviembre.
El plan del presidente López Obrador era utilizar este dinero para la reconstrucción de Acapulco después del paso del huracán Otis.
Sin embargo, pese a que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, se mostró abierta a analizar la propuesta del mandatario, los recursos no podrán ser utilizados para otra cosa que no sea lo establecido por la ley.