Líderes de las cúpulas empresariales de México advirtieron que de 2018 a la fecha, el costo de pagar los aumentos al salario mínimo, a las pensiones y a los 12 días de vacaciones aumentó 60 por ciento, por lo que es necesario analizar la viabilidad de la reforma para reducir a 40 horas la jornada laboral.
Reconocieron la disposición al diálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los partidos, de los diputados y de las organizaciones sindicales, pero anticiparon que si bien “hemos apoyado en todo”, sólo por “la vía del consenso” será posible lograr que la nueva reforma no ponga en riesgo la productividad y competitividad de las empresas.
Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expuso que el grupo ha apoyado las reformas en materia laboral,
“Hemos hecho un esfuerzo por los trabajadores y valoramos esta nueva oportunidad de privilegiar el diálogo como el único camino para lograr las mejores reformas”, declaró en la Cámara de Diputados.
Por eso, planteó que para hacer posible la nueva reforma es necesario tomar en cuenta diversos factores, como aumentar el trabajo formal, subir la productividad y robustecer la competitividad esto ante el fenómeno del nearshoring.
Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), celebró y reconoció la disposición al diálogo porque era necesario exponer que para hacer posible los aumentos al salario mínimo y a las pensiones, las empresas han tenido que poner más recursos.
“Hemos observado que no se han presentado medidas de alivio para los efectos que estas medidas pueden tener en las empresas cuando se deben tomar en cuenta la disminución de la actividad comercial, menos ingresos fiscales, el aumento en los costos para las empresas y que la mayor parte son empresas familiares que no soportan nuevas contrataciones”, destacó.
Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), alertó que “nos enfrentamos a una reforma de alto impacto, es deseable, pero requiere de un diálogo que permita acordar cómo mitigar los impactos en el mercado laboral”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, reiteró que la invitación a participar en estas mesas de trabajo busca ayudar a la clase trabajadora.
“Queremos analizar el cómo, encontrar el equilibrio, porque no todas las empresas son transnacionales, hay micro, pequeñas y medianas empresas y no queremos que esta reforma resulte contraproducente”, mencionó.
Esta comisión deberá entregar sus conclusiones en marzo de 2024.