Con 69 votos a favor y 42 en contra, se aprobaron en el Senado de la República las reformas a la Ley de Amparo, misma con la que los representantes del Poder Judicial no podrían evitar la consolidación de ciertas reformas aprobadas en el Congreso.
Se trata de una serie de modificaciones a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, y aunque se garantiza que continuará el derecho al amparo, los legisladores de oposición insisten que se trata de una medida con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ‘blindará' la realización de obras, así como el establecimiento de reformas en la Constitución aunque estas tengan presuntas irregularidades.
La reforma a la Ley de Amparo consiste en quitarle a los jueces la facultad de suspender leyes de manera provisional y definitiva que hayan sido impugnadas a través de la Ley de Amparo.
La oposición asegura que esto es una “venganza” de López Obrador a los juzgadores, quienes a través del encuentro de irregularidades no han permitido el paso de reformas constitucionales como la electoral planteada en 2022 y el ‘plan B’ de la misma planteado en febrero del año pasado.
Dicha iniciativa fue planteada por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, quien explicó que el objetivo es que el Poder Judicial respete lo acordado en el Legislativo con la finalidad de que las reformas votadas en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no se limite mediante juicios de amparo.
Gracias a esta clase de resoluciones del Poder Judicial es como se han suspendido tramos del Tren Maya, así como algunas otras obras y leyes debido a irregularidades.
El senador Emilio Álvarez Icaza, uno de los principales opositores a la reforma, dijo que se trataba de una reforma regresiva, y que quieren “desaparecer” al Poder Judicial en lo shechos, además de desaparecer uno de los pocos recursos que tiene la ciudadanía ante el abuso de poder.
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