La “guerra contra el narco” de México comenzó en 2006, cuando el recién elegido presidente, Felipe Calderón, ordenó que miles de tropas salieran a las calles en un intento de combatir la violencia del narcotráfico.
Los resultados han sido desastrosos. Las operaciones militares del gobierno han obligado a los cárteles de la droga a reclutar intensivamente para proteger sus rutas de tráfico, y las tasas de homicidio se han disparado. En 2021, 28 de cada 100 mil personas fueron asesinadas en México, alrededor de tres veces más que en 2005.
Durante mucho tiempo, investigadores, organizaciones internacionales y políticos han asumido que el grupo más vulnerable al reclutamiento de los cárteles en México eran los hombres jóvenes que “no reciben educación, ni empleo ni capacitación”.
Con base en ese supuesto, el actual gobierno mexicano introdujo en 2019 un programa de empleo llamado Jóvenes construyendo el futuro. El programa ofrece oportunidades de capacitación en el trabajo para jóvenes de 18 a 29 años que no trabajan ni estudian en un intento de abordar la participación juvenil en la violencia criminal.
Aparentemente, el programa fue diseñado para atraer al empleo a hombres jóvenes que están desempleados. Sin embargo, en realidad, apenas ha mejorado las perspectivas de empleo para los más desfavorecidos y, en cambio, ha resultado en la contratación principalmente de mujeres con títulos de escuela secundaria. Paradójicamente, el programa ofrece pasantías remuneradas en pequeñas empresas para graduados de secundaria, o en empresas más grandes y en el gobierno para quienes tienen un título universitario.
En mi propia investigación, publicada en marzo pasado, cuestiono la suposición de que los jóvenes desempleados o no escolarizados de México son propensos a la delincuencia. Mis hallazgos revelan que la mayoría de los jóvenes reclutados por organizaciones criminales no estaban inactivos antes de involucrarse en los cárteles de la droga. De hecho, trabajaban en condiciones precarias.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó una encuesta nacional de la población carcelaria del país tanto en 2016 como en 2021. Utilizando la encuesta de 2021, estudié los datos socioeconómicos recopilados de los reclusos que fueron condenados por homicidio después del inicio de la guerra contra las drogas.
En total se encuestó a más de 29 mil reclusos. La inmensa mayoría eran hombres (94.85 por ciento), más de la mitad (52.2 por ciento) de los cuales tenían menos de 29 años cuando fueron detenidos. La mayoría de ellos había pasado hambre anteriormente (90.7 por ciento), tenía algún tipo de empleo (93.6 por ciento) y solía trabajar como agricultores o trabajadores manuales (70.7 por ciento). Algo más de la mitad (54.8 por ciento) había abandonado tempranamente la educación para trabajar.
Este perfil es esperable dadas las condiciones socioeconómicas subyacentes en México. El desempleo en el país está muy por debajo del promedio mundial y el trabajo precario está generalizado.
La mayoría de los trabajadores agrícolas, manuales y autónomos no tienen acceso a la seguridad social y sus bajos salarios los dejan vulnerables a la pobreza. Por lo tanto, los cárteles ofrecen una alternativa atractiva para muchos jóvenes mexicanos que tienen pocas posibilidades de lograr movilidad social y ganar un salario decente.
Inseguridad laboral
Las luchas que enfrenta la juventud mexicana se remontan a los años noventa. A raíz de una serie de graves crisis económicas, México desmanteló sus políticas de salario mínimo y protecciones laborales mientras el país se preparaba para un crecimiento basado en las exportaciones.
En 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) estableció una zona de libre comercio en América del Norte, eliminando los aranceles sobre la mayoría de los bienes comercializados entre Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, la liberalización comercial parece haber magnificado la exclusión social en las principales regiones de tráfico de México y, a su vez, ha empujado a los jóvenes hacia los cárteles.
Una investigación de 2019 encontró que reformar el sector agrícola en las regiones donde se producen drogas y al mismo tiempo no absorber el excedente de mano de obra en los empleos manufactureros aumentó inadvertidamente el flujo de trabajadores hacia el tráfico de drogas. Según el mismo estudio, las tasas de homicidio son más altas en los municipios mexicanos que estuvieron más expuestos al comercio luego de la implementación del TLCAN.
Dicho esto, la mayoría de los jóvenes mexicanos que trabajan en condiciones precarias no participan en la violencia criminal. El gobierno tiende a poner demasiado énfasis en algunos perfiles socioeconómicos en un intento de encontrar una política que impida la participación de jóvenes vulnerables en la delincuencia.
Hay muchos otros factores que podrían ayudar a explicar la participación de los jóvenes en la violencia de los cárteles mexicanos. Y mi investigación muestra que los jóvenes reclusos por homicidio provienen de condiciones muy diversas. Algunos sufrieron abuso parental cuando eran niños (19 por ciento) y vivieron en hogares dirigidos por mujeres (13.3 por ciento), lo que demuestra el papel de la influencia de los padres en los delincuentes jóvenes.
Los estudios también han encontrado que exmiembros del ejército han desempeñado un papel clave en el panorama del crimen organizado de México. Los fundadores de Los Zetas, que alguna vez fue uno de los cárteles de la droga más notorios de México, fueron desertores del Grupo de Fuerzas Especiales Aerotransportadas del Ejército Mexicano. Mis hallazgos sugieren que el 13.3 por ciento de los reclusos por homicidios habían trabajado en la policía o el ejército.
Además, el 57.7 por ciento de los hombres jóvenes encarcelados en cárceles mexicanas tenían un tono de piel más oscuro que el promedio mexicano. Esto es un indicio de la marginación por el color de la piel de partes de la población mexicana. Y el 82.5 por ciento de los reclusos por homicidio eran consumidores habituales de alcohol. Las investigaciones sugieren que las naciones latinoamericanas con altos niveles de consumo de alcohol están asociadas con tasas de homicidio más altas.
Abordar la causa de la violencia de los cárteles puede parecer noble. Pero culpa a los jóvenes y sus condiciones en lugar de abordar las desigualdades estructurales en la sociedad mexicana. Reducir la violencia en México requerirá una reconsideración de la militarización y un modelo socioeconómico que promueva la inseguridad laboral.
*Escrito por Raúl Zepeda Gil, profesor de estudios del desarrollo en la Universidad de Oxford.
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