Las expresiones y descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del grupo de intelectuales y académicos que expresaron su apoyo a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, violan la Constitución y las leyes electorales, afirmó la doctora en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María del Pilar Hernández.
“En principio, hay una predicción que contiene el artículo 6º constitucional, que es que no se perturbe el orden público y la paz social”, precisó la investigadora, en entrevista con El Financiero.
“Hay una inducción, cuando desde Palacio Nacional y desde su posición predominante el Presidente se expresa de esa manera, en ámbitos donde pone a los mexicanos contra los mexicanos”, explicó.
Su libertad de expresión “tiene límites, no es libérrima” y si algunos intelectuales, académicos y periodistas decidieron expresarse, no se justifica de forma alguna la descalificación, porque los convierte, otra vez, en blanco de mucha de la violencia que está sufriendo el país”.
La académica aclaró que “si bien no provoca un delito, desde luego que sí el Presidente está afectando la honra y la imagen de los académicos, denostándolos de manera infundada”.
“Los firmantes del desplegado, vengan de donde vengan, tienen el derecho pleno de expresarse y lo hicieron de manera respetuosa”, estimó.
Y recordó que “ha expresado que ‘no me venga a decir que la ley es la ley’, y el artículo sexto de la Constitución determina los grandes límites a la libertad de expresión, que son los de carácter moral, los de la vida privada, los derechos a terceros. El Presidente sí infringe la ley y la Constitución”.
Y sobre las violaciones a las leyes electorales, explicó que “es claro que con éstas y muchas otras expresiones, el Presidente interviene en el proceso electoral; y cuando estamos ya en un periodo de reflexión y casi ya de veda, no puede expresarse de esa manera, porque la exacerbación y la polarización que provoca es verdaderamente preocupante”.
Lamentó que “el INE debe actuar, pero en un Estado donde las principales instituciones que tienen que operar en este proceso tan delicado, han sido secuestradas y difícilmente alguien le va a decir algo”.
“No respeta al ciudadano. La disidencia, la diversidad, la oposición, las minorías de todas las naturalezas merecemos respeto”, recalcó la especialista.