Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte, aseguró que el Senado está en “abierto incumplimiento” por no designar a quienes ocuparán los puestos vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El 23 de mayo, la ministra Piña notificó un acuerdo en el que respondió a un oficio del Senado en el que informa las gestiones para cumplir con la sentencia de la Corte que le ordena designar a los comisionados que sustituirán a Francisco Javier Acuña y Rosendo Monterrey.
Según la resolución, el Senado tenía hasta el 15 de diciembre del año pasado para cumplir, razón por la que la ministra presidenta acusó que el Senado está en abierto incumplimiento de la sentencia.
“A la fecha, la Cámara de Senadores se encuentra en abierto incumplimiento de la resolución dictada en el presente asunto, pues, como se indicó, el plazo que se le otorgó para tal efecto concluyó el 15 de diciembre de 2023, sin que a la fecha ya se hayan realizado los nombramientos correspondientes, aspecto que se valorará al momento de fincar las responsabilidades constitucionales”, advirtió.
Dichas responsabilidades están contenidas en el último párrafo del artículo 105 constitucional, así como los artículos 46 y 49 de la Ley Reglamentaria de ese precepto constitucional.
Apuntan que las responsabilidades de los senadores que propiciaron el incumplimiento pueden llegar a la separación del cargo y consignación de los funcionarios responsables ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de desacato judicial.
Cabe recordar que en el mismo acuerdo, Piña requirió al Senado un nuevo informe en el que precise si las comisiones de Justicia y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana ya presentaron el listado de candidatos para ocupar las vacantes de los comisionados.
Además, pidió que se informe si la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ya acordó y sometió los nombramientos a la aprobación del pleno y si ya fueron presentados para su votación. Para remitir el informe, el Senado tiene 10 días hábiles bajo la advertencia que, de no hacerlo, será multado.