De manera conjunta, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados impugnaron ante la Suprema Corte los decretos de las reformas a las leyes de amparo y de amnistía.
Los legisladores presentaron ante el Poder Judicial un recurso de “acción de inconstitucionalidad”, porque consideraron que tales reformas “son notoriamente inconstitucionales y peligrosas para México”.
Del decreto de la nueva Ley de Amparo –ambos publicados desde el 14 de junio–, los legisladores de oposición argumentaron que “impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades en varios supuestos, aun cuando dichos actos afecten el interés de la sociedad”.
“Esto implica que el amparo deja de ser una herramienta efectiva para defender los derechos de la ciudadanía. Si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de amparo deja de ser un medio efectivo de protección”, expusieron.
Advirtieron que “con esta restricción, el acceso a la justicia para los que menos tienen será más difícil. La ley reformada garantizaba que cualquier suspensión que afectara sus derechos era aplicable a cualquier persona. Sin embargo, con esta reforma deberán contratar abogados especialistas cuyos servicios suelen ser altos”.
Sostuvieron que la reforma es contraria a los artículos 17 de la Constitución, y a los 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sobre los cambios a la Ley de Amnistía, indicaron que “la medida viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, pues impediría que los tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas del delito”.
“La amnistía genera la impunidad e impide de forma definitiva que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos tengan derecho de acceder a la verdad, a la justicia y la reparación, por lo que es claramente violatorio de los derechos de las víctimas”, añadieron.
Por eso, “exigimos que se respeten los derechos de las víctimas, que se esclarezcan los hechos, que se fortalezca el Estado de derecho y que se combata eficazmente la impunidad en nuestro país mediante justicia efectiva, y no selectiva”, indicaron.
“Esta reforma proporciona a la autoridad una herramienta de persecución política, pues una de las condiciones del otorgamiento es señalar elementos que incriminen a una tercera persona. Los requisitos para acceder a la amnistía generan un incentivo para realizar actos de represalia política, incluso con falsedad de declaraciones”, expusieron.