La mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM en la Cámara de Diputados tiene listo ya, en la Comisión de Puntos Constitucionales, el proyecto de dictamen de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que ordena desaparecer al INAI, el IFT, la Cofece, el Coneval, la CRE, la CNH y la Mejoredu.
Como parte del paquete de las 20 iniciativas que el Ejecutivo envió a los diputados el pasado 5 de febrero, enlistó en el número 17 una reforma a los artículos 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 para la eliminación de siete órganos autónomos, con el argumento de que “se busca ahorrar recursos y que estos organismos se incorporarán a la administración pública federal”.
En el proyecto de dictamen, que se anunció como parte del ‘plan C’ de López Obrador, que la Mesa Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales tiene ya listo, precisa que “las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se cree en términos de la legislación aplicable.
También señala que las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), “se asignarán a dependencias básicas de la Administración Pública Federal”.
En el proyecto de dictamen de la iniciativa del Ejecutivo, en materia de simplificación orgánica, también aclara que los comisionados de todos estos organismos “concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación a que aluden los artículos segundo y cuarto transitorios, respectivamente, salvo aquellos cuya vigencia de su nombramiento concluya previamente”.
Destaca que “los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable y los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen, a consecuencia del presente Decreto, pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda”.
Indica que “los títulos habilitantes otorgados por el IFT continuarán vigentes en sus términos, sin perjuicio de que los concesionarios deban cumplir con las obligaciones y contraprestaciones que en su caso les imponga el Ejecutivo federal, en ejercicio de sus atribuciones”.
Subraya que el Congreso de la Unión “tendrá un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a éste”.