La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) insistió en su reclamo en contra de la prisión preventiva oficiosa, ya que sostuvo que va en sentido contrario a la legislación internacional.
Al hacer públicas sus nuevas observaciones sobre este tema, y después de que la ampliación del catálogo de delitos que la ameritan avanzara en la Cámara de Diputados, la entidad internacional reiteró su rechazo.
Por un lado, la ONU-DH destacó que vulnera derechos humanos, especialmente la presunción de inocencia y la libertad personal.
“Materialmente hablando, no hay una distinción entre la privación de la libertad por motivo de la prisión preventiva y la privación por motivo de una sentencia condenatoria”, expuso.
Asimismo, destacó que va en contra de tratados internacionales de los que México es parte, y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ya la condenó.
#Sabíasque 🔍 La Prisión Preventiva 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀𝗮 #PPO vulnera los derechos humanos.
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) August 14, 2024
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“La medida no cumple con el test de proporcionalidad mencionado, estableciendo que tal como está concebida la prisión preventiva no tiene finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada”, indicó.
Asimismo, la ONU-DH resaltó que se vulnera la independencia judicial, ya que se obliga a los juzgadores a encarcelar a una persona con base en criterios del Poder Legislativo, mas no con una justificación judicial.
En este apartado, la organización internacional compartió su preocupación sobre los casos de prisión preventiva prolongada. Esto es cuando no hay un tiempo límite para que la persona permanezca presa bajo esa figura.
Para este punto, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que esto perjudica precisamente al detenido.
“El mantener a una persona en esta situación puede crear una situación de hecho en la que los jueces sean mucho más propensos a dictar sentencias condenatorias, para justificar la imposición de la medida cautelar”, estableció la ONU-DH.
Finalmente, destacó que hay varios argumentos por los que puede concluirse que la existencia de la medida afecta la implementación del sistema acusatorio y el funcionamiento del sistema de justicia.