Aunque la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos proponía validar la reforma al estatuto del PRI que permitiría la reelección de Alejandro Moreno hasta por ocho años, la Comisión de Prerrogativas y Partidos rechazó el proyecto que se presentó en la sesión extraordinaria de este martes.
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley de General de Partidos Políticos, los institutos partidistas no pueden realizar modificaciones en año electoral; sin embargo, la comisión consideró que había un precedente en 2020 que validaba modificaciones.
La consejera Dania Ravel, presidenta de la comisión, manifestó que dicho precedente “expresamente señala que se pueden hacer todo lo que tiene que ver los preparativos, pero siempre y cuando no se materialicen”.
Es decir, el caso de Alejandro Moreno estaría contraviniendo dicho precedente, pues el PRI realizó el pasado 11 de agosto elecciones internas, en las que el campechano se reeligió como dirigente nacional.
“No resulta aplicable desde mi punto de vista para el caso que nos ocupa este criterio. Me parece que es el sustento toral de ese proyecto”, agregó la consejera. En el mismo sentido se pronunció el consejero Arturo Castillo.
“La discusión no es cuando empezó el proceso de renovación de documentos básicos, el punto es que no debe concluir durante el periodo de prohibición. El tema es que en este caso el proceso de reforma documentos básicos concluyó todavía cuando estaba vigente la calificación de la elección”.
El consejero Uuc-kib Espadas resaltó que, desde su consideración, los precedentes no pueden estar invalidando leyes, por lo que se pronunció por apegarse al artículo 34, por lo que no se puede “admitir una reforma hecha en tiempos vedados por la ley”.
Consideró que de aceptarse este precedente se estaría “atentando contra los derechos de la militancia”.
El proyecto inicial propuesto por la Dirección Ejecutiva fue rechazado por tres votos en contra y dos a favor, estos últimos de las consejeras Norma de la Cruz y Carla Humphrey.
Al haber sido rechazado, los consejeros electorales deberán elaborar un nuevo proyecto con las consideraciones expresadas para presentarlo ante el Consejo General, órgano que tendrá la última decisión sobre el caso.