En los últimos seis años, los inversionistas sabían que contaban al menos con un lugar al que apelar cuando no estaban de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador: los tribunales mexicanos.
Recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el gobierno amenazó con encarcelar a cualquier persona acusada de fraude fiscal, incluso antes de que se escucharan sus casos. Y de nuevo, cuando AMLO quiso aprobar una ley nacionalista de electricidad.
Ahora, al borde de una drástica reforma del sistema judicial, los inversionistas temen el día en que no tengan a quién dirigir sus peticiones. Y ese día probablemente llegue pronto.
A primera hora del miércoles los senadores aprobaron el proyecto de ley que obliga la elección de jueces por votación popular, en un momento en que el partido de AMLO cuenta con más apoyo público que nunca. Es probable que esto otorgue al partido gobernante Morena el control de los tres poderes del gobierno, lo que, según los miembros de la oposición, elimina el último control y equilibrio sobre la presidencia. El proyecto de ley ahora solo necesitará ser aprobado por las legislaturas estatales antes de ser publicado.
El peso, que a principios de año se convirtió en una de las monedas de mejor desempeño del mundo, se desplomó cuando quedó claro que AMLO impulsaría la reforma y ahora cotiza un 14 por ciento más abajo que a principios de año.
La reforma judicial y su impacto económico
Según los críticos, la reforma al Poder Judicial podría hacer retroceder en 50 años el clima de negocios, cuando la política del país estaba dominada por un sistema unipartidista, el del PRI. En aquel entonces, el poder estaba consolidado en torno al ejecutivo y el partido no escatimaba en reprimir a la oposición. En 1982, el gobierno nacionalizó los bancos México. En ese momento, el petróleo y las telecomunicaciones ya eran algunas de las industrias que estaban mayoritariamente en manos del Estado.
“Habíamos avanzado como país en la democracia de manera importante en que se llevara a cavo esta división de poderes, en que ya no fuera un solo partido político el que tuviera todo el poder”, dijo el lunes José Medina Mora, director del grupo empresarial Coparmex, el entrevista. “Es un regreso al régimen del poder está centralizado en la presidencia; es como volver al México de los setentas”.
Si bien las empresas más pequeñas podrían no verse gravemente afectadas por los cambios en el sistema judicial, las firmas más grandes podrían buscar invertir en otros países sí tienen la opción de llevar su dinero a otro lado. En agosto, Empresas Globales en México, un grupo que incluye a Nestlé, AT&T y MetLife, entre otras, señalaron que el proyecto de ley podría desincentivar la inversión. El grupo instó al gobierno a modificarlo para garantizar la independencia judicial y cumplir con las normas comerciales internacionales.
La Cámara de Diputados ha estado discutiendo otra ley que eliminaría los organismos reguladores independientes, entre ellos la Comisión de Competencia Económica (Cofece), el regulador de telecomunicaciones (IFT) y el regulador de energía (CNH). Si se aprueba en ambas cámaras del Congreso, el trabajo de los reguladores sería absorbido por diferentes secretarías y perderían su presupuesto independiente y su autonomía.
“México ha tenido un deterioro como país en la atracción de inversión extranjera directa”, dijo Medina Mora.
Reformar el Poder Judicial como lo ha propuesto AMLO, señaló, no solo retrasará nuevas inversiones extranjeras sino que las detendrá “directamente”, ya que las corporaciones internacionales tienden a evitar países con un estado de derecho débil.
El enfrentamiento entre AMLO y las empresas extranjeras
AMLO no es ajeno a enfrentarse con empresas internacionales que operan en México.
Lo hizo con la española Iberdrola, con la que finalmente llegó a un acuerdo de 6 mil 200 millones de dólares para comprar centrales eléctricas y un parque eólico, tras acusar a la empresa de prácticas depredadoras en el mercado eléctrico. Ha amenazado con hacerse con la cantera de piedra caliza de la estadounidense Vulcan Materials. Ganfeng Lithium Group, la principal empresa china de litio, inició un proceso de arbitraje con México después de que el gobierno cancelara lo que habría sido la primera mina comercial de litio del país.
Esto es parte de la relación no tan amistosa que AMLO ha forjado con la comunidad empresarial de México y las empresas extranjeras. Ha invertido en acuerdos público-privados para proyectos de infraestructura, ha celebrado el ascenso de México para convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos y ha adoptado una actitud de no intervención con los bancos.
Su administración ha trabajado estrechamente con Grupo Carso del multimillonario Carlos Slim y con la canadiense TC Energy entre otros, pero continúa denigra a ciertos sectores empresariales.
En una conferencia de prensa previa a la aprobación de la reforma, López Obrador dijo que si el gobierno no lleva a cabo los cambios propuestos, los jueces del país “van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos”.
Señaló a su propuesta derrotada de priorizar el uso de energía de la empresa estatal de servicios públicos de México sobre la energía de empresas privadas, incluidos los productores de energías renovables, después de que llegó al escritorio de los jueces de la Suprema Corte de México.
“Nos cancelaron leyes que eran para seguir garantizando que no aumente el precio de la luz”, dijo el presidente, “porque quieren que, a como dé lugar, que sigan las empresas extranjeras dominando”.
Los legisladores del Congreso de Estados Unidos han presionado a la representante de Comercio, Katherine Tai, advirtiéndole en una carta de que las reformas que se están estudiando podrían hacer “más difícil” la revisión de 2026 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y comprometer potencialmente el acceso de los inversores estadounidenses a un “marco regulador estable, predecible e imparcial”. La exhortaron a buscar negociar con AMLO y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asume el poder el 1 de octubre.
Sheinbaum, por su parte, ha desestimado las críticas contra la reforma, diciendo el lunes “que sepan los inversionistas nacionales y extranjeros que sus inversiones van a estar bien cuidadas en México y que esta reforma al Poder judicial fortalece la democracia y la justicia”.
Inversionistas no se sienten reconfortados por garantías de AMLO y Sheinbaum
La “posible politización” de los nombramientos judiciales “abriría la puerta a que los jueces enfrenten presiones externas que podrían comprometer su independencia e imparcialidad”, dijo José Domingo Figueroa, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
Esa mayor incertidumbre jurídica tendría un efecto dominó: los inversionistas perderían la confianza y una desaceleración de la nueva inversión extranjera directa podría llevar a que México perdiera su grado de inversión, lo que afectaría su capacidad para obtener nuevo financiamiento, dijo.
También correría el riesgo de borrar el atractivo que ha tenido México para las empresas extranjeras en los últimos años.
Muchas empresas habían visto México como un lugar viable para invertir y aprovechar su cercanía con Estados Unidos, una tendencia llamada nearshoring. Si eso cambia con la reforma judicial, podría afectar al 1.9 por ciento del producto interno bruto por año, dijo Gabriela Siller, jefa de estudios económicos de Grupo Financiero Base.
Una solución alternativa para inversionistas extranjeros, según un informe de Base, es exigir que las disputas se resuelvan bajo la jurisdicción estadounidense.
Es demasiado pronto para saber si eso será suficiente.
“No somos la única opción de manufactura”, dijo Jorge González Henrichsen, codirector ejecutivo de Nearshore Company, que ayuda a las empresas estadounidenses a trasladar parte de su producción a México. “Está Vietnam, otras partes del sudeste asiático, está Colombia, está la India y está Texas”.