Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford reclamaron la aprobación de la reforma judicial, que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Con un comunicado conjunto publicado ayer, ambos organismos insistieron en los riesgos que conllevan estos cambios a la ley. “La recientemente aprobada reforma constitucional en México cambia profundamente el sistema judicial”.
Las asociaciones sostuvieron que con estos cambios se politiza al Poder Judicial, ya que busca reemplazar a casi 7 mil jueces en funciones en todo el país, que ahora tendrán que ser electos por voto popular.
Además alertaron por el establecimiento de un tribunal disciplinario judicial y un tribunal electoral, cuyos miembros también serán elegidos y cuyos términos coincidirán con el periodo presidencial.
“Estos cambios, que afectan más de 18 artículos estructurales de la Constitución, violan las obligaciones de México bajo el derecho internacional y representan una grave amenaza para la independencia judicial y el Estado de derecho en México”, reclamaron.
La BMA y el laboratorio de la universidad estadounidense lamentaron que el proceso legislativo se haya realizado de forma tan apresurada, sin dar tiempo para tener el debate amplio que se requería.
“Es particularmente preocupante que una reforma tan masiva del sistema judicial haya sido aprobada de manera expedita en tan sólo 8 días”, reprocharon.
Las organizaciones consideraron especialmente preocupante esta parte del trámite ya que esta reforma tendrá consecuencias profundas en la manera en la que se imparte la justicia en México.
“La falta de deliberación significativa y consulta pública es alarmante, dada la gravedad de las consecuencias para la administración de justicia”, resaltaron.
Finalmente, expresaron su descontento con la falta de diálogo también con las personas que hicieron públicos sus reclamos con marchas y plantones con los que buscaron visibilizar sus contraargumentos.
“Miles de jueces, operadores judiciales, estudiantes de derecho y grupos de la sociedad civil se manifestaron en las calles en protesta, exigiendo mayor discusión y planteando serias preocupaciones sobre el impacto de la reforma en la independencia judicial. Sin embargo, sus voces fueron ignoradas”, condenaron.