El Gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá una nueva dependencia: Se trata de Alimentación para el Bienestar, que ‘nacerá' de la fusión entre Diconsa y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un órgano creado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ‘envuelto’ en escándalos de corrupción.
“Vamos a fusionar lo que sería Segalmex con Diconsa para hacer una sola unidad. (Segalmex) tuvo sus problemas que ya conocen algunos”, dijo la presidenta electa en conferencia este martes.
María Luisa Albores, actual secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la titular de esta nueva dependencia, añadió Sheinbaum.
¿De qué se encargará Alimentación para el Bienestar?
La presidenta electa explicó que Alimentación para el Bienestar tratará de vincular a los pequeños productores con las tiendas Diconsa (que pasarán a llamarse Tiendas del Bienestar) para que puedan vender sus cosechas de manera directa a esos establecimientos.
“Esta nueva área que fusiona Diconsa y Segalmex operaría los precios de garantía”, apuntó.
¿Cuánto dinero se ‘perdió' por el caso Segalmex?
“El único caso de corrupción de esta administración ha sido el caso Segalmex. Desde el momento en que se detectó el posible desfalco y daño al erario, el presidente López Obrador instruyó llegar al fondo del asunto y que no hubiese impunidad”, dijo Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, en la ‘mañanera’ del 5 de septiembre en la que se presentó un informe sobre el caso.
De acuerdo con datos del Gobierno, el escándalo de corrupción en Segalmex costó a las arcas públicas alrededor de 4 mil 800 millones de pesos.
¿Esa cifra puede bajar? Sí, pues la Secretaría de la Función Pública se encuentra haciendo más diligencias para saber qué pasó con ese dinero. Roberto Salcedo, titular de la dependencia, explicó que:
- 2 mil 100 millones de pesos están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse se presentarán las denuncias correspondientes.
- 2 mil 700 millones de pesos no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este constituye el monto del daño patrimonial, por lo cual se presentaron las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República para que en su caso se judicialicen los expedientes y se determinen las sanciones a las personas servidoras públicas responsables.