En Chiapas, Sinaloa, Michoacán y Morelos, estados afectados por la violencia, uno de cada cuatro comercios cambió de dirección, de actividad o de plano cerró, debido a la inseguridad que obligó a empresas a suspender temporalmente actividades o a implementar medidas de seguridad para proteger a sus empleados.
Otros negocios redujeron sus horarios de atención o se ven en la necesidad de operar tras rejas para protegerse, lo que ha impactado en hasta 25 por ciento sus ganancias, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
“Estos comerciantes se ven obligados a moverse porque no pueden soportar el ambiente. En ciudades como Culiacán y Tapachula, quienes pueden trasladarse lo hacen para escapar de la violencia”, dijo.
Rivera agregó que los negocios, en las entidades afectadas, suelen cerrar más temprano, lo que genera una reducción de hasta 25 por ciento en sus ganancias.
“Los negocios cierran más temprano por temor y muchos no abren sus puertas, atendiendo desde una ventana. Esto afecta el 25 por ciento de la utilidad y operación del pequeño comercio”, apuntó.
Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán (UCC), estimó que en las últimas dos semanas, la violencia en el estado dejó pérdidas superiores a 2 mil millones de pesos y la cifra sigue aumentando.
“Estamos atravesando una crisis terrible. Siempre hemos vivido bajo la amenaza de la violencia, pero la situación actual ha superado todos los límites. Muchos negocios cierran diariamente, aunque se están realizando esfuerzos por reabrir”, afirmó Sánchez Beltrán.
El Instituto para la Economía y la Paz estimó que la inseguridad en México generó un impacto económico de 4.9 billones de pesos, equivalente al 19.3 por ciento del Producto Interno Bruto del 2023, por los daños causados por homicidios, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, costos de protección, gasto en las fuerzas armadas, la seguridad pública y el sistema judicial.
“Lamentamos profundamente las pérdidas económicas y sociales que esta violencia está generando, particularmente en los pequeños comercios que, tras permanecer cerrados por más de cinco días consecutivos, enfrentan una alta probabilidad de quiebra. Es crucial que se restaure la paz y la seguridad para garantizar la estabilidad de las empresas”, manifestó recientemente en un comunicado Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).
Operan negocios tras las rejas
Dos formas en las que los comerciantes continúan operando en Culiacán son a través de ventanillas o rejas y reduciendo sus horarios de apertura. Sin embargo, esto aleja al público de los negocios. Por esto, los agremiados de la Unión de Comerciantes de Culiacán (UCC) acordaron abrir sus puertas en horarios regulares.
El gobierno de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán han implementado un programa de microcréditos que ofrece préstamos de hasta 25 mil pesos a Pymes, sin embargo, la senadora Paloma Sánchez Ramos originaria de Sinaloa, considera que estos apoyos no serán suficientes para respaldar a los empresarios.
Además, los miembros de la UCC asistirán a una capacitación de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (Unipol) para aprender a actuar ante situaciones de alto impacto.
“Culiacán enfrenta una situación similar a la de la pandemia, pero ahora la gente evita salir no por miedo a un virus, sino por temor a encontrarse con una bala”, concluyó el presidente de la UCC.
Sánchez Ramos denunció que, en la última quincena, el crimen organizado en Culiacán ha dejado un saldo de 79 asesinatos, 70 desaparecidos y el robo de 98 vehículos, con pérdidas que superan los 5 mil millones de pesos.
Para proteger a su personal durante delitos de alto impacto, los comercios deben mantener a sus empleados resguardados en sus instalaciones. Además, se ha solicitado el traslado de las cajas de cobro estatales y municipales para que los ciudadanos puedan asistir al centro de Culiacán y apoyar al comercio local, de acuerdo con Sánchez Beltrán.
La creciente violencia en México afectó a las operaciones de empresas como Coca-Cola Femsa, Oxxo.
En el caso de Coca-Cola Femsa, recientemente suspendió operaciones en Puente de Ixtla, Morelos, debido a la escalada de violencia en la región, mientras Oxxo enfrentó una situación similar en Sinaloa y Michoacán.