La estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum busca lograr resultados en los primeros 100 días de gobierno, iniciando por los 10 municipios más violentos y enfrentando a 10 cárteles que operan en el país.
El objetivo es “pacificar al país” mediante la reducción de la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, reducir la percepción de inseguridad, neutralizar a los principales generadores de violencia y desactivar sus redes criminales.
Un documento denominado La estrategia de seguridad de los primeros 100 días, elaborado por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, y Seguridad y Protección Ciudadana, señala que el país requiere paz con justicia.
La estrategia se basa en cuatro ejes: atención a las causas de la violencia; uso de inteligencia e investigación; fortalecer a la Guardia Nacional, y garantizar la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno.
Para ello se creará el Gabinete Nacional de Seguridad (Sedena, Marina, Guardia Nacional, SSPC y CNI) y un gabinete alterno (UIF, Procuraduría Fiscal, Pemex y el SAT, entre otras dependencias).
El gabinete nacional de seguridad aprobará a las o los titulares de las secretarías de Seguridad Pública estatales y municipales.
Asimismo, se busca consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia y hacer eficiente la investigación criminal para identificar a los principales generadores de violencia y las estructuras de mando en las organizaciones criminales.
Se iniciará ese trabajo en los 10 municipios más violentos del país: Colima, Tijuana, Acapulco (ahora devastado por el huracán John), Celaya, Cajeme, Ciudad Juárez, Tlajomulco de Zúñiga, Chihuahua, León y Cancún (ninguno de Sinaloa).
También se menciona garantizar la seguridad en las zonas limoneras y aguacateras de Michoacán, y regresar la paz a Chiapas.
Igualmente, busca combatir a los 10 principales grupos que operan en el país. Se trata de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Rusos, Beltrán Leyva, del Noreste, Santa Rosa de Lima y Nueva Plaza.
Algunas de esas organizaciones no fueron tocadas en la administración del presidente López Obrador.
Asimismo, se busca focalizar la investigación a delitos como tráfico de personas y armas, huachicol, extorsión, secuestro, control de giros negros, cobro de derecho de piso y sus redes de protección institucional, esquemas de operación, financiamiento y lavado de dinero.