El Tribunal Electoral federal (TEPJF) recibió desde el fin de semana pasado una ‘lluvia’ de recursos relacionados con la puesta en marcha del proceso para elegir por voto popular a ministros, magistrados y jueces.
Hasta el cierre de la edición el TEPJF había recibido 35 recursos, entre ellos los promovidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), así como por una organización civil dedicada al litigio estratégico.
El resto de los recursos fueron promovidos, vía electrónica, por magistrados y jueces, secretarios de juzgado, así como empleados del Poder Judicial y algunos particulares.
Los estrados electrónicos del TEPJF dan a conocer la tramitación de los recursos, que por turno se han distribuido a las ponencias de las cinco magistraturas de la Sala Superior. No detalla cuándo se resolverán.
Entre los recursos que destacan está el promovido por Juan Pablo Rivera, el magistrado titular del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, en Apizaco, Tlaxcala.
“Se acuerda: primero, la integración del expediente, con la documentación de cuenta y las constancias que correspondan se ordena integrar el expediente respectivo y registrar en el libro de gobierno. Segundo turnar el expediente al magistrado Felipe Alfredo Fuentes”, dice la notificación.
El magistrado impugnó los acuerdos INE/CG2240/2024, INE/CG2241/2024 y INE/CG2242/2024 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en sesión extraordinaria del 23 de septiembre de 2024.
Con dichos acuerdos se dio inicio del proceso electoral extraordinario 2024-2025 para elegir diversos cargos del Poder Judicial y se fijaron las directrices y plazos que se seguirán para el proceso, el cual fue suspendido por jueces de distrito.
Según los acuerdos del INE, la elección por voto popular de ministros de la Corte, magistrados de circuito y jueces de distrito, se llevará a cabo el 1 de junio de 2025.
Cabe destacar que el recurso del INE, radicado en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, pide detener las suspensiones que jueces federales impusieron a la implementación de la reforma judicial.
Según el INE, los jueces –que han concedido unas 70 suspensiones y han emitido apercibimientos– invaden la competencia exclusiva de las autoridades electorales y obstaculizan su función.