A contrarreloj y en el límite de la legalidad, a Morena se le acaba el tiempo para aprobar las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial de la Federación y regular con transparencia la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular.
En la Cámara de Diputados apenas anoche, en sesión en domingo, legisladores de la Comisión de Justicia de San Lázaro aprobaron la minuta del Senado, que se recibió desde la noche del pasado jueves.
Con 26 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 10 en contra del PAN, PRI y MC, aprobaron el dictamen que reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y con 30 votos a favor y 10 en contra, el de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Al cierre de esta edición, los legisladores discutían diversas reservas de la oposición para modificar el dictamen, con la advertencia de Morena de que no se aceptarían.
Por los tiempos limitados para cumplir con lo que establece la reforma constitucional al Poder Judicial, este lunes la Cámara de Diputados tendrá que citar a dos sesiones del pleno en un solo día para avalar la minuta –una para darle publicidad entre los diputados, y otra para su discusión y votación–, ya que el marco legal debe estar listo, aprobado y publicado el decreto para su entrada en vigor mañana martes.
De lo contrario, el Senado no podrá emitir la convocatoria este miércoles, para la elección de jueces, magistrados y ministros que establece la reforma constitucional.
Entre críticas de la oposición al “confuso, desordenado y vergonzoso” proceso de elección por tómbola de los cargos a elegir, que definió el Senado este sábado, diputados del PAN, PRI y MC anticiparon un fuerte y largo debate este lunes en el pleno.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, criticó que los dictámenes del Senado –que reforman 69 artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales– “son documentos muy deficientes. Están hechos de una manera apresurada”.
Comentó que, “incluso, de lo que votamos hace unos días en materia, o votaron ellos en materia constitucional, ya trae contradicciones con lo que acá se está haciendo de forma secundaria”.
“Está muy mal y hay muchos académicos que, más allá de que hemos votado en contra en el aspecto constitucional, nos alarma la carencia de técnica jurídica y técnica legislativa”, insistió. “No veo por qué demeritar el trabajo de una legislatura con instrucciones que ellos acatan, porque no son diputados; ellos son siervos, pero del Poder Ejecutivo”, arremetió.
El priista Emilio Suárez reclamó también que no se atendió su petición de que la comisión presentara un informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, sobre las suspensiones recibidas para esta reforma –que sí las hay, dijo, aunque no lo demostró–; reporte que, aunque se solicitó desde el viernes pasado, no llegó.
El diputado del PAN José Anaya Llamas, secretario de la comisión, reclamó que el dictamen se debe presentar con cinco días de anticipación, “para poder corregir los errores que contiene el documento, antes de pasar al pleno”.
“De no hacer estas correcciones, vamos a convalidar todos una serie de irregularidades que no van a poder ser corregidas luego”, advirtió. La panista Paulina Rubio alertó que una de las grandes ilegalidades de esta reforma es que “se están haciendo reformas al marco electoral fuera de tiempo y que se debieron haber hecho a más tardar en junio pasado”.
En respuesta, los diputados de Morena y PT Leonel Godoy y Ricardo Mejía estimaron que la oposición sólo recurre a estrategias dilatorias, al sostener que se han seguido todos los términos legales correspondientes para el procesamiento legislativo de estas leyes secundarias.