El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto donde desaparecen siete organismos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El decreto de ley entra en vigor este sábado 21 de diciembre, luego de que el 20 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, para extinguir a los órganos autónomos.
Con ello, en el DOF se detalla que los recursos materiales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de los entes públicos que se extinguen pasarán a formar parte de las dependencias del Ejecutivo Federal o al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según corresponda, en los términos del decreto y de la legislación secundaria que al efecto se emita.
En lo particular, se aceptó la reserva del diputado Ricardo Monreal, presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, al artículo 28 constitucional y en los transitorios, a fin de formar una nueva autoridad en materia de competencia económica, que se integrará a partir de concentrar las facultades que anteriormente tenía el IFT en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica, y unificarla con todas las facultades establecidas en la Cofece.
Al respecto, el INAI emitió un comunicado donde explica que México tendrá un nuevo modelo para el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, que permanecen como garantías vigentes en nuestro marco constitucional.
‘’El INAI dejará de existir como institución autónoma, técnica y especializada responsable de garantizar esos derechos, pero la transparencia, el derecho a saber y el derecho a un uso legítimo de nuestros datos personales se mantienen y sólo a través de la demanda ciudadana podrán ser ejercidos a plenitud’', destacó.