Este jueves se realizó el EF MEET POINT Iniciativa outsourcing: ¿Amenaza al empleo?, que contó con la participación de Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica; Jorge Sales Boyoli, coordinador del comité de derecho laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE); y Pablo Mendoza, director general de Gossler, SC y presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En este foro moderado por Susana Sáenz, conductora de El Financiero Bloomberg, se habló sobre la iniciativa presentada por el Gobierno de México para regular la figura de outsourcing, con la cual esta acción quedará prohibida.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, la cual turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza reuniones al respecto con la Iniciativa Privada.
Mónica Flores
1.- "Somos puerta de entrada para grupos que, de otra manera, no tendrían esas oportunidades. La principal razón por la que los jóvenes no encuentran un trabajo o no son aceptados, es la falta de experiencia. Nosotros somos el vehículo para que entren en su primer empleo y vayan adquiriendo experiencia en diferentes clientes, porque se trata de trabajos temporales, que tienen una obra determinada".
2.- "Por supuesto la evasión hay que eliminarla. La buena noticia de lo que hoy está ocurriendo en el país es que existe este diálogo para regular, sí, no sobrerregular y tampoco prohibir porque lo que necesitamos en México y en el mundo es generar empleo formal".
3.- "(Las empresas) tendrán una carga administrativa mayor y eso genera costos. Tendrán mucho más regulación que cumplir ante la autoridad y eso genera costos. En el tema de los registros patronales, hoy hay flexibilidad de que, por ejemplo, el personal administrativo esté en un riesgo de trabajo y el personal de planta esté en otro riesgo de trabajo, como corresponde. Si queda la iniciativa como está, todos estarán en un mismo riesgo de trabajo, que generará un incremento en el costo operativo de las organizaciones.
Pablo Mendoza
4.- "Esta reforma tiene como consecuencia generar sanciones, un castigo desde el punto de vista fiscal, estableciendo la no deducibilidad, el no acreditamiento al impuesto al valor agregado cuando se esté en los supuestos de no cumplimiento, es decir, que esté utilizando la subcontratación de personal o cuando esté utilizando algo que sea autorizado y con una expectativa también a un tema de un delito penal, aspecto de defraudación fiscal".
5.- "¿Qué conlleva esta reforma? El inhibir lo legítimo de una organización que sí cumple, que sí es necesario y sí fomenta la generación de empleo tratándose de empresas insourcing y de empresas realmente prestadoras de servicios de subcontratación personal que cumplen con todos los requisitos de ley, que sí pagan la seguridad social, que sí aportan al erario".
6.- "Imaginemos que al día de hoy ya se llevó a cabo esta reforma. Aquí yo me enfrentaría, ¿cuáles serían esos temas que me darían como consecuencia todo un reto? Número uno, tendría que quizá fusionar las empresas, la prestadora de servicios, si es outsourcing. Y eso no es tan fácil el poderlo hacer. Tendría que cambiar una sola nómina y poner nóminas en diferentes empresas, lo cual eleva los costos. Todas esas áreas de reclutamiento, de selección, quizá ahora tendría que ponerla en cada una de estas empresas y empezamos a tener un tema de costos y quizá de qué tan oportuno podría ser con respecto a esta iniciativa".
Jorge Sales
7.- "Creemos que el diagnóstico sobre abusos que se han cometido con la subcontratación, el que hace el Ejecutivo, es perfectamente pulcro y correcto, pero el tratamiento nos parece que es agresivo".
8.- "Esta iniciativa no será el paraíso prometido para los trabajadores, ni el infierno pronosticado para empleadores del país. El desaparecer la subcontratación no va a resolver los grandes problemas del mercado laboral".
9.- “Creo que estamos de acuerdo en que un verdadero desincentivo del outsourcing sería modificar la forma en que se paga la PTU (Reparto de utilidades). Creo que estamos de acuerdo en que la PTU es una prestación legítima pero obsoleta en cuanto a su forma de pago, y es el gran ausente de esta reforma. Los comentarios que están llegando tanto de la mesa permanente de conversaciones entre el Ejecutivo y los grupos empresariales, y las discusiones del Parlamento abierto, han estado insistiendo en que hay que subir a la discusión el tema de la PTU”.