Acusan a exfuncionario de Tamaulipas por el desfalco de 600 millones de pesos

Jorge Silvestre 'N', quien fuera tesorero del exgobernador de Tamaulipas Egidio Torre Cantú, fue acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la entidad del desfalco de al menos 600 millones de pesos.

Durante la audiencia inicial, celebrada este viernes en la sala D del Centro Integral de Justicia del Poder Judicial, el fiscal acusó al tesorero durante la administración de Torre Cantú del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por 600 millones de pesos, según se estableció en la carpeta 143/2018.

A esta audiencia acudieron solamente los abogados de Jorge Silvestre 'N' y Jorge 'N', quien se desempeñó en la pasada administración estatal como director de pagos.

Las investigaciones por este desfalco las lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas desde el 2018, encontrando que sería a través de un esquema de empresas factureras o con operaciones simuladas como se pudo realizar el desfalco a la hacienda estatal.

Derivado de estas investigaciones, se libraron órdenes de aprehensión en contra de los socios de estas siete empresas, logrando detener a tres personas, quienes están colaborando con los fiscales para esclarecer el modo de operar de las empresas establecidas durante 2015 y el 2016.

Con la información proporcionada, un juez de Control decidió judicializar la carpeta de investigación, estableciendo como nueva fecha para una audiencia, en la que deberán presentarse los exfuncionarios, el próximo 13 de diciembre.

Las investigaciones continúan, luego que habría más empresas constituidas por el mismo notario y en donde los socios eran las mismas personas en las distintas empresas.

Jorge Silvestre 'N' se desempeñó como secretario de administración desde el 1 de enero del 2011, al inicio de la administración del ex gobernador Egidio Torre Cantú; luego, en enero de 2015, pasó a la Secretaría de Finanzas, en sustitución de Miguel González Salum.

Este es el primer caso que se judicializa en Tamaulipas por uso de empresas factureras con operaciones simuladas, por 600 millones de pesos, en detrimento del erario del Gobierno del Estado.