El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, permitió a algunos funcionarios de su administración que se dedicaban a la edificación de viviendas para que se brincarán las normas de construcción de varios de los inmuebles que se cayeron en su administración y resultaron con severos daños tras el sismo del año pasado, entre los que se encuentran empresas ligadas a Simón Neumann y Fernando Méndez Bernal.
En el estudio 'Por qué se cayó mi edificio', realizado por la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se reporta que "en varios de los edificios que se analizaron aparecen nombres ligados con autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Entre ellos familiares de Simón Neumann, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) al inicio del gobierno de Miguel Ángel Mancera, así como Fernando Méndez Bernal, quien en algún tiempo fue presidente del Colegio de Arquitectos —instancia que se encarga de certificar a los Directores Responsables de Obra (DRO)— y ahora es asesor del actual director de la misma Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez".
También aparece el nombre del socio de Neumann en Inmobiliaria Dekah, Fausto Ernesto Galván Escobar, quien cobra en la Coordinación General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad, de la misma Seduvi.
El análisis establece que entre las empresas que construyeron sin respetar las normas de construcción en los últimos seis años fueron Vertical Homes, Canada Building Systems de México, Promotora e Inmobiliaria Dekah, Vívelo en Eje Central 526, Elite Apartments, Inmobiliaria Sacomo, Lonai Group Property Services, Inmobiliaria Álvaro Obregón, Helicópteros de Puebla y HIP HABITAT.
El análisis establece que también las delegaciones y las administraciones capitalinas ignoraron las voces de vecinos que alertaron y denunciaron sobre inmuebles que violaban usos de suelo, construcciones que se levantaban sin permisos o edificios que tenían daños desde el sismo de 1985 y se reconstruían para venderlos como departamentos.
"No sólo se hacen a un lado las normas. En algunos de los edificios seleccionados para esta investigación se encontró que se utilizan documentos falsos, con información imprecisa o datos que no corresponden a lo que se construye", se expone.
MCCI señaló en su reporte que las autoridades del gobierno central y delegacionales otorgan permisos sin revisar planos o estudios de suelo. Y, aunque los revisaran, muchos de sus supervisores no tienen los conocimientos profesionales para hacer una correcta evaluación.
Miriam Castillo, de la unidad de periodismo de MCCI, aseguró a El Financiero que, en algunos casos, sobre todo en las construcciones nuevas de los últimos diez y seis años, en los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, no se respetaron las disposiciones de los Reglamentos de Construcción de 2004 y 2014 respectivamente, en inmuebles recientes e incluso en uno que ni siquiera se estrenó.
"O sea, deliberadamente hay columnas más pequeñas, la calidad de los materiales no se cumple", menciona la ganadora del Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018.
En el documento se expone que, a la fecha, no existen detenciones ni acusaciones contra los empresarios, además, las multas que pagaron las empresas constructoras e inmobiliarias son 'risibles', compradas con el daño que hicieron.
Un caso mencionado en el estudio es el de Simón Neumann, dueño de Inmobiliaria Dekah en sociedad con Fausto Ernesto Galván y quien asegura que no es responsable de los departamentos dañados en Residencial Grand Insurgentes por el sismo del año pasado; Neumann señaló que no fue responsable de su construcción y que su inmobiliaria sólo los vendió.
Sin embargo, la asociación civil determinó la irresponsabilidad de Neumann por vender departamentos que sabía que no cumplían con la fortaleza requerida para aguantar un temblor como el de septiembre de 2017.
Miriam Castillo expuso que a varias personas cercanas a funcionarios de la Seduvi se les protegió y, a la fecha, siguen sin castigo, por ejemplo Fernando Méndez Bernal quien se ostenta como asesor del titular de Seduvi, Felipe Gutiérrez, mismo que supervisó la obra de Eje Central 526, cuyo trabajo "evidentemente estaba mal, tanto estaba mal que cayó".
"Yo no puedo acusar a la autoridad directamente de ser responsable en la caída de los inmuebles, pero eso sí hubo una omisión, eso sí, seguro, tanto que hay carpetas de investigación directa, pero es cierto y es muy comprobable por parte de las autoridades, al menos, si no es que una franja de responsabilidad directa, sí hubo omisión", expuso.
Finalmente, manifestó que a un año del sismo del año pasado, ninguna de esas constructoras tuvieran un castigo que derivara en una clausura o en una multa visiblemente considerables, pues algunas constructoras pagaron multas por menos de 25 mil pesos. Por ejemplo, mencionó que el Colegio Rébsamen pagó menos de 40 mil pesos por las modificaciones a las construcciones que hizo, multa que resulta risible al tomar en cuenta el beneficio recibido.