En medio de un proceso electoral, el gobierno mexicano conformará brigadas de servidores públicos y voluntarios para recorrer 10 mil centros integradores identificados en los censos del Bienestar, que serán los encargados de aplicar las vacunas antiCOVID-19 a los adultos mayores, entregar el pago de programas sociales, realizar asambleas y, en caso de que la población no pueda acudir, visitar domicilios.
Con la estrategia –según las autoridades federales– se espera poder vacunar a por lo menos 300 adultos mayores por cada centro integrador, y aplicar 3 millones de vacunas a la semana, para que, a finales de marzo, se alcancen las 12 millones 450 mil personas en el padrón.
Sin dar detalles de qué fármaco sería aplicado por las brigadas, si contarán con presupuesto, una cadena de frío, o bajo qué lógica territorial serían distribuidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su mensaje matutino para anunciar la llegada de 53 mil nuevas vacunas a México y dar más detalles del plan para inmunizar al país.
Para la conformación de las brigadas, según lo anunciado, participarían 120 mil personas, y cada una estaría integrada por 12 personas; "vacunadores, vacunadoras, médicos, así como con promotores", que "conocen las comunidades".
En cada brigada habría cuatro promotores sociales emanados de los programas de desarrollo social de la Federación, dos del sector Salud, cuatro de las Fuerzas Armadas (tres de Defensa y uno de Marina), así como dos voluntarios.
De ahí las mismas brigadas comenzarían por las comunidades más apartadas y se desplazarían a las cabeceras municipales, bajo la lógica de vacunar primero a los adultos mayores.
"Llegan el día que les va a corresponder, se va a avisar con tiempo, ya está ahí la brigada, dos días se va a aprovechar para entregar la pensión que corresponde al bimestre y ahí se vacuna, dos días, vamos a decir lunes y martes", detalló.
"Hay muchos adultos mayores que no pueden movilizarse, que hay que irlos a vacunar a sus casas; si de los 300 llegaron en los dos días 250, hay que a vacunar a los 50 a sus casas", explicó el Presidente.
Posteriormente, se realizaría una asamblea en el centro integrador con las autoridades de las comunidades, se levanta un acta y ya se da fe del número de vacunas aplicadas, así como los incidentes.
En este sentido, el Presidente llamó a las autoridades comunitarias, comisarios ejidales, presidentes de bienes comunales, delegados municipales, alcaldes y gobernadores "para que se vayan preparando".
Según el vocero para la pandemia en México, Hugo López-Gatell, las brigadas estarán "atendiendo distintos aspectos de la movilización social, el reclutamiento, la identificación de personas, la atención en las familias y, también, el aspecto central del proceso de vacunación".
Finalmente, el Ejecutivo aclaró que será la misma brigada la encargada de cuidar que no haya abusos, mientras que será la Guardia Nacional la responsable de cuidar las vacunas "para que no haya desvíos o no haya maldad de gente".
De manera paralela, Morena comenzó a difundir un spot, en redes sociales y radio, en el que se presume la vacunación a cargo de la Federación, que, aunque de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral no está prohibido en el periodo de precampaña, partidos de oposición han considerado que implica la promoción a través de programas sociales.
Góbers aliancistas piden distribución equitativa de dosis
Para los gobernadores que integran la Alianza Federalista "persiste la incertidumbre" en cuanto a la estrategia de vacunación contra COVID-19 que implementará el gobierno federal, por lo que insistieron en considerar a todos los actores, públicos y privados.
En redes sociales, los gobernadores publicaron un nuevo mensaje en el que reclaman que el plan debe tener "una distribución equitativa".
Además, se advierte que una vez que la primera etapa de la vacunación termine y sea el turno de vacunar a sectores más densos de la población, "la distribución de la vacuna deberá estar soportada, tener método y considerar capacidades locales".
La estrategia, 'uso electoral' de salud, acusa la oposición
El envío de brigadas de vacunación contra el COVID-19, con alrededor de 120 mil servidores públicos, a las comunidades más apartadas del país representa una estrategia electoral del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar provecho electorero en las intermedias de junio próximo, coincidieron políticos de oposición.
El senador del PRI, Manuel Añorve, aseveró, no obstante, que esa estrategia puede representar también un "búmeran", si el gobierno federal no logra aplicar el número de vacunas que requiere la población.
Para el legislador guerrerense, el Ejecutivo busca utilizar la vacunación igual que los programas sociales que han venido implementando, con el objetivo de dar al gasto una orientación electoral para ganar en 2021.
"De eso no tengo la menor duda. El problema de las vacunas es que sí hay una estrategia anunciada, pero ojalá llegue en la medida del número que se necesitan aplicar, porque, si no, va a ser un búmeran para ellos. Los mexicanos queremos la aplicación de las vacunas como se ha mencionado y, obviamente, hacerlo de la forma responsable.
"Pero es obvio que toda esta orientación de los 120 mil servidores públicos es un asunto electoral eminentemente que quiere aprovechar la vacunación el Ejecutivo para sacarle provecho en la elección del 2021. Así de puntual", dijo.
Para el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, la estrategia de vacunación del gobierno federal es una "simulación", porque no contempla realmente una programación logística ni de la infraestructura que se necesita.
"Nos urgen tres vacunas; una contra la incompetencia de este gobierno, otra contra su soberbia y otra contra la frivolidad. Estas tres, la incompetencia, el odio y la frivolidad están permeando", sostuvo.
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, por otra parte, consideró que aunque las vacunas contra COVID representan una esperanza de vida, el gobierno morenista está empeñado en traerlas a México "a cuentagotas" para utilizarlas como "una herramienta electoral".
Destacó que el gobierno de López Obrador, aunque no tiene capacidad logística para aplicarlas, ha impedido que los gobernadores y la iniciativa privada participen en este esfuerzo.
"Está claro el manejo electoral que el Presidente le está dando al uso de la vacuna. La solución vemos nosotros es que se libere a todos los empresarios de la iniciativa privada, que puedan estar comercializando la vacuna, que se autorice a los gobiernos estatales a exportarla. No hay una limitación de ley, pero tiene el gobierno el control de las aduanas", afirmó. Con información de Eduardo Ortega
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