Ahora el PRI pide que México pague los gastos de abogados de Cienfuegos en EU

Aunque está acusado de proteger a narcotraficantes, el general Salvador Cienfuegos -ex secretario de la Defensa Nacional en el gobierno del PRI del expresidente Enrique Peña Nieto- debe contar con la protección del gobierno mexicano, ante las acusaciones de la DEA en EU y no ser "una víctima" de las "represalias de organismos extranjeros", consideró el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Por eso, el dirigente priista anunció que pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno mexicano "sufrague los gastos legales de su proceso jurisdiccional en los Estados Unidos de América, en tanto no sea declarado culpable por la justicia mexicana, recursos que deberán ser reembolsados a la Hacienda Pública Nacional, en caso de un escenario que no sostenga su inocencia".

"México es un Estado Soberano y no se puede permitir, bajo ningún concepto, dejar en el abandono a funcionarios y exfuncionarios que hayan o estén sirviendo con distingo en cargos relevantes en el sector público", subrayó.

También informó que, desde la Cámara de Diputados, el PRI hará un llamado a la Secretaría de Hacienda para que, en ejercicio de sus facultades, el gobierno mexicano "intervenga para garantizar la protección y respaldo institucional del general Salvador Cienfuegos".

Dijo que es necesario que se "garantice la protección y respaldo institucional del general Salvador Cienfuegos Zepeda".

Con el argumento de que se debe proteger y cuidar el prestigio de todo el cuerpo de las Fuerzas Armadas del país, Moreno Cárdenas argumentó que, con las acusaciones a Cienfuegos, "se quedan en el desamparo y expuestas a ser víctimas de represalias por parte de organismos policiacos y de inteligencia extranjeros".

Anticipó que el PRI solicitará "que se respalde de manera oficial a instituciones como la Defensa Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea", ya que estas instituciones "cuentan con el mayor prestigio y confianza entre los mexicanos, por lo que el Estado Mexicano no puede ser insensible y debe apoyar a sus funcionarios y exfuncionarios, en los procesos judiciales que pudieran enfrentar en el exterior, hasta que haya una resolución judicial en firme en territorio nacional".