En el cementerio de las instituciones yacen ya autónomos, descentralizados, desconcentrados, así como fideicomisos públicos que tuvieron autonomía y gestión, y que ahora se reducen –en el mejor de los casos– a una página web en la que se detallan los servicios que ofrecieron.
En los dos años que lleva el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han desaparecido por lo menos nueve organismos, víctimas de la llamada austeridad republicana y del combate a la corrupción, o bien se convirtieron en oficinas sin autonomía.
"Este portal se conserva como un archivo histórico de las actividades del INEE (Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación)", refiere el epitafio escrito en la página electrónica (http://inee.edu.mx/) de lo que alguna vez fue el organismo creado en 2002, que obtuvo su autonomía en 2013, y abrogado en 2019.
El instituto contó con autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna.
En su lugar, fue creada la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), organismo público descentralizado no sectorizado, que hace esfuerzos por generar información para mejorar el sistema educativo.
El destino fue similar para seis órganos desconcentrados de lo que fuera la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que, en diciembre de 2018, se integraron a la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR), destacando: la Agencia de Investigación Criminal, el Centro de Evaluación y Control de Confianza, el Centro Federal de Protección a Personas, o el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
La Secretaría de Economía también fue responsable de dar la estocada a por lo menos dos instancias: en mayo de 2019 desincorporó el fideicomiso público considerado entidad paraestatal, conocido como ProMéxico, y en agosto se publicó el decreto legislativo para desaparecer el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), organismo público desconcentrado.
Pero en el camposanto de los organismos que gozaron del presupuesto, destacan dos descentralizados de las administraciones pasadas, que, si bien fueron decisiones aplaudidas y criticadas en su momento, es este gobierno quien debe solventar los adeudos a trabajadores.
El expresidente Vicente Fox decretó la extinción de Ferrocarriles Nacionales en 2001, y dos décadas después es el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (Inadep) quien debe pagar un adeudo de casi 8 mil millones de pesos.
Mientras que Felipe Calderón ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y apenas el año pasado, el Inadep condonó deudas hipotecarías a 4 mil 870 extrabajadores.