El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una "iniciativa preferente" de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
En el arranque del último periodo ordinario de sesiones, el Ejecutivo federal utilizó esta figura constitucional para dar preferencia a esta propuesta y dar trámite inmediato al análisis, discusión, dictamen y votación de su propuesta de reformas.
La iniciativa —que reforma el artículo 3º de la Ley de la Industria Eléctrica y turnada a la Cámara de Diputados— tiene como propósito, entre otras acciones, "garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual Contrato Legado de la CFE, y con el diseño de un nuevo Contrato de entrega física de energía y capacidad a la red".
Añade que "con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados de la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes de mercado".
En entrevista radiofónica, Rocío Nahle, secretaria de Energía, aseguró que la primera condición para despachar electricidad serán las hidroeléctricas de la CFE, posteriormente se despacharán todos los ciclos combinados de esa firma, después se despachará la energía eólica y solar, al final se permitirá despachar a las compañías privadas.
Inconstitucional: expertos
Claudio Rodríguez-Galán, socio de la Práctica de Energía de Thompson & Knight, expuso que la iniciativa afecta los derechos y los intereses de las empresas privadas que participan en la industria eléctrica, porque se enfoca en fortalecer a la CFE, lo cual resulta monopólico y contraviene los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
"El único efecto de la iniciativa es el descrédito y la desconfianza de los inversionistas. Estos cambios no benefician, y perjudican los cambios que se habían dado anteriormente para proteger y promocionar las energías limpias y renovables. Es una iniciativa monopólica, inconstitucional y contraria a los tratados internacionales de los que México es parte", señaló el experto.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) afirmó que la propuesta es un "retroceso para el sector eléctrico", y que tendrá repercusiones negativas sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores mexicanos.
"El gobierno quiere dar condiciones favorables a CFE, y eso va a dañar a los consumidores porque no se utilizarán las fuentes más baratas, y se dañará al medio ambiente", sostuvo Paolo Salerno, socio de Salerno y Asociados.
En tanto, Israel Hurtado, abogado especialista en Energía y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), dijo que la iniciativa fortalece un monopolio, lo cual podría acarrear controversias, arbitrajes y amparos, dado que en algunos puntos puede ser considerada inconstitucional.
César Hernández, exsubsecretario de Electricidad, comentó en Twitter que la iniciativa discriminaría en el despacho eléctrico a favor de la generación fósil de CFE y en contra de la generación limpia, lo cual generaría conflicto con la Constitución y tratados, pues se afectarían derechos adquiridos y expectativas legítimas de inversionistas.
Cabildeo, el camino
Los inversionistas y las empresas que puedan verse afectadas por la iniciativa preferente de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, pueden buscar el diálogo con los legisladores antes de que se apruebe la iniciativa, lo que evitaría que entren en litigios que tardan en resolverse más de 10 años.
José Jorge Martínez, socio de Psiquepol, y Francisco Jiménez Ruiz, director de Saint Joseph Stratego, comentaron que han tenido acercamientos con empresas del sector para elaborar una propuesta basada en la iniciativa de reformas que presentó López Obrador.
"La intención es crear y cabildear una propuesta emanada de la iniciativa privada y presentarla en la Cámara de Diputados con base en la propuesta del presidente y con elementos de la iniciativa privada. Esto va a ahorrar litigios largos", señaló Jiménez.
Techos solares, la apuesta
Por otra parte, se impulsará el uso de techos solares como parte de la transición energética hacia el uso de tecnologías limpias, según el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico para el periodo 2020-2034 de la Secretaría de Energía.
Así, la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía y el Fideicomiso para Ahorro de Energía Eléctrica desarrollan programas en los sectores sociales y productivos, para que el beneficio económico y ambiental se refleje en usuarios y no solo en un sector comercial.
"La generación distribuida en áreas rurales, casa habitación, micro y pequeñas empresas o comercios es una excelente opción para caminar rumbo a la transición energética con sentido social", manifestó la Secretaría de Energía en el documento.
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