CIUDAD DE MÉXICO.- Con 90 votos a favor y cero en contra el pleno del Senado de la República aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Con la creación de esta Ley se establecen los tipos penales de tortura así como sus sanciones que son de hasta 30 años de prisión si los funcionarios, policías o ministerios públicos que cometan o participen en este delito incurren en agravantes.
Asimismo se prevén penas de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo al servidor público que con el fin de obtener información o una confesión, con fines de una investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o medio de coacción, cause dolor o sufrimiento a otra persona.
La pena se aumentará en la mitad, es decir hasta 30 años de prisión cuando la víctima de tortura pertenezca a un grupo vulnerable como niño, niña, adolescentes, indígenas, entre otros. Igualmente si la víctima es una mujer gestante, una persona con discapacidad, adulto menor, o sea sometido a cualquier forma de violencia sexual, tenga la condición de migrante.
En el caso de particulares se prevé una pena de hasta 12 años de cárcel y 300 días de salario mínimo de multa cuando participen en el delito de tortura. Dichos funcionarios no podrán gozar de la figura del indulto ni de amnistía.
La nueva ley que fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación también prevé las medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garantice los derechos de las víctimas; lo anterior, bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no re-victimización, perspectiva de género y transparencia.
Con esta Ley, la investigación y persecución del delito de tortura se llevará a cabo de oficio, y tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles, con el objetivo de evitar que los años contribuyan a la impunidad.
Al fundamentar el dictamen, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que entre las principales modificaciones se aceptó que todas las pruebas obtenidas bajo tortura sean eliminadas en los procesos judiciales, además de que ahora los superiores jerárquicos también serán considerados autores del delito.
Asimismo se garantiza que los servidores públicos, investigados o vinculados a este tipo de delito, no puedan interferir u obstaculizar las investigaciones, además de que se les podrán imponer medidas cautelares, así como administrativas y provisionales necesarias.