CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de la Ley General de Transparencia que amplía las garantías para ejercer el derecho a la información pública, aún están pendientes nombramientos, se solicitan recursos y se planean programas, tal es el caso del Programa Nacional de Transparencia que hoy comienza su elaboración.
Con la participación de sociedad civil, académicos y funcionarios inició el análisis del programa que ayudará a coordinar y evaluar políticas públicas de transparencia y acceso a la información.
En el Foro de Arranque del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, 2017-2021, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se concluyó que la finalidad principal de esta herramientas será empoderar al ciudadano y en un plazo de diez meses será concluida.
Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, explicó que el reto principal para asegurar el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia es "armonizar las plataformas para evitar la duplicidad de funciones".
Por lo anterior, la también académica cuestionó el ejercicio del sistema actual de acceso a la información "¿Qué tanto le estamos facilitando la transparencia a la ciudadanía? Hicimos esta ley pensando en la resistencia, en la opacidad, en el diseño, pero en el día a día ¿qué tan fácil se le hace al ciudadano acceder a la información?".
Al respecto, el director general de Gestión Social y Cooperación, Alejandro González Arreola destacó que el reto del Programa Nacional de Transparencia es conciliar: la redistribución de poder y gestión, la razón: 75 por ciento de la ciudadanía no confía en la información que crea el gobierno, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información, realizada por el INEGI.
"Si la información no tiene credibilidad, entonces cómo queremos que la transparencia transforme algo, sin la base de la transparencia de la información", explicó.
El comisionado Óscar Guerra Ford explicó que el objetivo sí es empoderar a los ciudadanos, con una política redistributiva, que mantenga una oferta informativa de calidad, basada en el gobierno abierto. Destacó la necesidad de nombrar cuanto antes al Consejo Consultivo, una tarea que tiene pendiente el Senado.