El 19 de junio el diario estadounidense The New York Times publicó que el gobierno mexicano utilizaba un programa de espionaje llamado Pegasus, del fabricante de software NSO Group, para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
Azam Ahmed y Nicole Perlroth, fueron los encargados de investigar y escribir el reportaje '"Somos los nuevos enemigos del Estado": el espionaje a activistas y periodistas en México', publicado el lunes, y cuentan cómo fue que llegaron a dicha conclusión y por qué iniciaron las investigaciones al respecto.
Azam Ahmed cuenta en una nueva publicación del NYT, que a principios de 2017 se reunió con Mario Patrón, un abogado director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que buscó al reportero del diario norteamericano.
Cuando este llegó a la sede del NYT, le pidió a él y a todos los presentes en la reunión que dejaran sus celulares fuera de la sala de juntas en la que entablarían la charla. "Están monitoreando nuestros teléfonos", le dijo.
"Patrón explicó que él y dos abogados más de su equipo en el Centro Prodh, entre ellos el que representa a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, habían sido blanco de un programa espía muy sofisticado que puede intervenir un teléfono celular, incluido el micrófono", cuenta Ahmed.
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Ese software era Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group, de la que su compañera Nicole Perlroth investigaba desde meses atrás.
"La primera vez que supe de NSO Group fue en una conferencia sobre seguridad hace un par de años. Alguien que conocí en la conferencia me contó que eran los mejores en lo que hacían, lo cual me sorprendió, porque había cubierto la fuente de ciberseguridad durante cuatro años y nunca había escuchado de ellos. 'Por eso son los mejores', fue la respuesta", cuenta Nicole.
Ambos habían experimentado ya algunas anomalías en sus teléfonos móviles, que durante las investigaciones los orillaron a creer que también eran blanco del software de NSO Group.
"Mi teléfono fallaba seguido. Llamaban y colgaban, las llamadas no se conectaban, las aplicaciones se cerraban de pronto. Me desesperó tanto que borré el contenido de mi teléfono. Por supuesto, al hacerlo nunca pudimos saber si el teléfono había sido intervenido. Ya no tenía el mensaje original con el enlace y, si el software se había descargado, ya se había borrado. Seguí trabajando, pero usé otro teléfono para llevar a cabo mi investigación", dijo Ahmed.
Nicole, por su parte, notó la inquietud entre sus fuentes gubernamentales cuando les preguntaba sobre NSO Group. "Fue evidente que había tocado una fibra sensible y me dio la impresión de que NSO Group era un secreto muy bien guardado", escribió Nicole en la publicación, difundida el martes.
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Finalmente, una de esas personas le reveló que les preocupaba que la lista de clientes que tenía la empresa crecía cada vez más, pero que los gobiernos que usaban las herramientas de NSO Group no tenían las mejores calificaciones en materia de derechos humanos.
Fue así que llegaron a Pegasus, el sistema de rastreo móvil que vigilaba de manera invisible las actividades del teléfono, con acceso a llamadas, conversaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, calendario y detalles bancarios que el usuario revisaba.
Según los autores del reportaje, NSO Group siempre había dicho que sus herramientas sólo se utilizaban para rastrear actividades criminales y terroristas, y que seguían un estricto proceso de investigación para determinar a qué gobiernos les venderían su herramienta.
Parecía que ni siquiera NSO Group sabía a detalle del abuso que gobiernos como el de México hacían de Pegasus.
"Comencé a escuchar que había cada vez más personas que recibían mensajes de texto sospechosos, los cuales después confirmaron estar ligados con el programa espía de NSO Group. Estos individuos no eran criminales ni terroristas; estaban lejos de serlo", indica Nicole.
"En la mayoría de los casos, eran expertos en política y defensores con buena reputación, algunos de los cuales incluso habían trabajado en el gobierno, pero todos tenían algo en común: se habían manifestado públicamente a favor de un impuesto nacional a los refrescos en México", agregó.
Los autores del reportaje indican que la parte más perturbadora de la historia es que no existen recursos legales contra dicho abuso por parte del gobierno mexicano, ya que una vez que llegan a sus manos, estos son los que deben regularse a sí mismos.
"A pesar de que se ha hecho el intento, hasta este momento no existe un órgano a nivel mundial que regule el uso de programas espía", indican.