En medio del "derroche y la ineptitud", el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán hunde al estado en el endeudamiento y ya adquirió 5 mil 200 millones de pesos de deuda, en apenas siete meses, para su "desordenada" administración, acusan legisladores federales.
Además de los 3 mil 600 millones de pesos que le aprobó por mayoría, el Congreso local, a finales de diciembre pasado, "para reactivar la economía del estado", el 29 de abril de este 2016 Aureoles entregó un nuevo oficio a los diputados, en el que solicitó otro endeudamiento, ahora por mil 600 millones de pesos más, que ya está siendo autorizado, indican.
Advierten también que, conducida por un abogado como su secretario de Finanzas, y un asesor acusado de fraude en el gobierno de Chiapas, la administración del gobierno perredista se encamina por una "ruta equivocada y peligrosa".
El diputado federal michoacano del PAN José Antonio Salas Valencia recuerda que su secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, es un abogado de la Ciudad de México que desconoce el área económica, pero que ha sido "su fiel escudero y asesor financiero" desde hace 16 años, desde que llegó por primera vez como diputado federal, en la LVIII Legislatura, en el 2000.
"No siempre con buenos resultados", fue luego su tesorero municipal cuando el ahora gobernador fue alcalde de Zitácuaro. Lo siguió al Senado de la República como su secretario técnico, luego fue su coordinador administrativo en la Presidencia de la Cámara de Diputados y al final el encargado del manejo de los recursos de la campaña a gobernador, indica el legislador.
El diputado federal michoacano del PRI Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela confirma también que Maldonado Mendoza tiene como asesor, aunque no en la nómina oficial, a Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho, acusado de fraude cuando fue secretario de Hacienda del gobernador de Chiapas, Juan Sabines.
Por un desfalco de 105 millones de pesos que no comprobó, por supuestos pagos a empresas constructoras sin contar con la orden correspondiente, la Secretaría de la Función Pública le abrió una investigación.
El Periódico Oficial de Chiapas publicó un proceso administrativo abierto en contra del exfuncionario sabinista Jiménez Bolaños Cacho (355/DR-A/ 2013), por "deficiencias en el control del ejercicio de los recursos".
Expone que Bolaños Cacho permitió millonarios pagos que recibieron cuatro empresas contratistas, algunas establecidas fuera de Chiapas, y propiedades de exgobernadores.
Con estos colaboradores de Aureoles, revela el también diputado federal priista michoacano Víctor Manuel Silva Tejeda, además de los 3 mil 600 millones de pesos que le aprobó el Congreso en diciembre pasado, el 29 de abril de este 2016 Silvano Aureoles entregó otra solicitud por mil 600 millones de pesos más, que ya están siendo autorizados.
La solicitud de deuda precisa que es por 400 millones de pesos y una segunda por más de mil 200 millones de pesos, y fue enviada por el secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís.
La petición para exigir más recursos expone "que se avale nueva deuda pública por 400 millones de pesos, para que se ejerza directamente por la Secretaría de Finanzas, y mil 200 millones de pesos, que se asignaría, según el monto requerido y estimado con capacidad de endeudarse, a cada uno de los municipios".