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La Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general y en lo particular las modificaciones a los artículos 116 y 127 constitucionales en materia de remuneración de servidores públicos.
El dictamen puntualiza que ningún funcionario público (federal, estatal o municipal) tendrá una remuneración mayor a la establecida para el Ejecutivo federal. Las remuneraciones deberán ser disminuidas al año siguiente de aquel en que entre en vigor la reforma.
El documento obtuvo mayoría calificada con 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones. Asimismo, en la votación en lo particular, obtuvo 322 votos a favor, 21 en contra y 81 abstenciones. Este pasará al Senado de la República para continuar.
La minuta reconoce "la necesidad de hacer un esfuerzo de austeridad en México, para equilibrar las remuneraciones, en un contexto económico nacional donde prevalece la pobreza y la desigualdad", por lo que plantea "un diseño constitucional que incentiva controles sobre las percepciones de las y los servidores públicos".
Las reformas al artículo 116 indican que los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como "las personas de derecho público, órganos y organismos con autonomía reconocida en las constituciones y leyes locales", deberán incluir en sus proyectos presupuestales tabuladores desglosados de las remuneraciones para los funcionarios
En tanto, la adición al artículo 127 incluye a las "personas de derecho público, órganos y organismos a los que la presente Constitución o las leyes les otorguen autonomía" para recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por su cargo, la cual deberá ser acorde a sus responsabilidades.
El documento indica que la Comisión revisora basó el eje del presente dictamen en la iniciativa del titular del Ejecutivo y reconoce que el objetivo es diseñar un nuevo marco constitucional a las remuneraciones de los órganos públicos y organismos constitucionales, así como a los entes públicos y personas de derecho público de las diferentes instituciones del Estado, tanto federales como locales.
Durante la discusión, la diputada de Morena María Chávez afirmó que estas reformas terminarán con los privilegios exagerados y altos salarios que funcionarios públicos tuvieron en gobiernos pasados.
En tanto, la legisladora Gloria Romero del PAN indicó que la reforma era un atropello del Gobierno federal a los demás Poderes de la Unión.
Durante la discusión en lo particular, el panista Elías Lixa presentó una reserva para modificar el dictamen, con el fin de que se aplique no solo a servidores públicos, sino a todas las personas mencionadas en el primer párrafo del artículo 127 constitucional.
El texto indica: "Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público (...)".
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue creada para que nadie gane más que el Presidente de la República (108 mil pesos al mes).