Cámara de Diputados aprueba reformas para eliminar fuero presidencial; regresa al Senado

Con cambios a la redacción del artículo 108 constitucional, la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y en lo particular, el decreto en materia de fuero político y lo devolvió al Senado de la República con las reformas para regular el fuero que protege al presidente, a los legisladores y a los servidores públicos.

Con reformas a la propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador, los senadores incluyeron que el jefe del Ejecutivo "y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión" podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19".

En tanto, los diputados excluyeron del dictamen este martes "a los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión", con argumento de que en el primer párrafo del artículo 108 a los legisladores ya se les puede juzgar por esos y otros muchos delitos.

Explicaron que si bien con esta reforma al presidente se le amplía el catálogo de delitos por los que se puede juzgar –corrupción, delitos electorales y todos los considerados graves y que ameriten prisión preventiva oficiosa, marcados en el artículo 19 de la Constitución- a los diputados y senadores se les acotaría y se les darían privilegios.

Con estas modificaciones, el Pleno de los diputados aprobó el dictamen que alcanzó la "mayoría calificada" para una reforma constitucional, y se envió de vuelta al Senado para ser discutida nuevamente.

Si los senadores aceptan la nueva redacción de los diputados, el decreto se enviaría a los Congresos estatales para su ratificación; de no aceptarse en el Senado, ambas cámaras deberán consensuar un documento; de no llegar a un acuerdo, el documento vuelve a San Lázaro y los diputados tendrán la última palabra como Cámara revisora, según explicaron diputados.

El documento señala que el jefe del Ejecutivo federal podrá ser acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales y los señalados en el artículo 19 constitucional.

Los delitos referidos son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación (genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de edad) y de la salud (narcotráfico).

Actualmente, el artículo 108 indica que el Presidente de la República "sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común".

Al explicar en tribuna los cambios al dictamen del Senado, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez, de Morena, argumentó que "los integrantes de la Comisión advirtieron una discordancia entre el texto de la reforma al artículo 108 constitucional y el espíritu de la propuesta originalmente plasmada en la iniciativa del Ejecutivo".

Señaló que la iniciativa del presidente de la República busca eliminar el esquema de impunidad del más alto servidor público de la federación, y no así la minuta del Senado.

Dijo también que, actualmente, con lo dispuesto por el artículo 111 constitucional, los diputados federales y los senadores de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de cualquier delito, para lo cual es necesario que sean sometidos al procedimiento comúnmente conocido como desafuero.

Insistió en que es necesario eliminar gradualmente la figura de fuero constitucional de la que gozan actualmente servidores públicos, titulares de los poderes y de algunos órganos autónomos, así como los correspondientes a las entidades federativas por la comisión de delitos federales.

El dictamen había sido aprobado en marzo pasado en el Senado de la República, con 111 votos a favor y solo uno en contra.