Cementerio clandestino en Veracruz ya había sido investigado por la Fiscalía

El lugar donde se encuentra el cementerio clandestino en el estado de Veracruz ya había sido investigado por la Fiscalía General del Estado hace más de un año y sin embargo fue abandonado hasta hace treinta días que se reiniciaron las tareas de búsqueda.

Dicha ubicación fue revelada por diversas fuentes extraoficiales y por colectivos de familiares de desaparecidos, pues la FGE ha intentado mantenerlo en secreto bajo el argumento de la seguridad de sus investigadores.

En la comunidad de Arbolillo, en el municipio de Alvarado, los pobladores señalan que desde hace aproximadamente un mes elementos de la Policía Ministerial y del cuerpo de Peritos de la FGE llegaron al mismo lugar donde anteriormente fueron encontrados 47 cuerpos.

Fue en marzo del 2017 cuando la Fiscalía, ya a cargo de Jorge Winckler Ortiz, llevó a cabo esas acciones en colaboración con dependencias como la Marina Armada de México y otras instancias federales.

Las fosas clandestinas de Arbolillo ya habían sido identificadas anteriormente por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, como un lugar en el que era necesario volver a realizar búsqueda de restos humanos.

En repetidas ocasiones acusaron que las autoridades estatales habían cerrado premeditadamente las investigaciones en el 2017 y exigían permisos para poder ingresar a buscar por cuenta propia, sin embargo nunca les fueron concedidos.

Hoy Winckler Ortiz señala que son más de 168 víctimas las que han sido localizadas en 32 fosas y el número podría ser mayor según el mismo fiscal, pues las tareas de búsqueda continúan.

En algunos medios de comunicación el encargado de procurar justicia en Veracruz dejó entrever la posibilidad de que dicho sitio hubiera sido utilizado por elementos de la Policía Estatal para concretar desapariciones forzadas.

Cabe recordar que actualmente en Veracruz más de una docena de exfuncionarios y expolicías han sido acusados por desaparición forzada, entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermudez Zurita, y el mismo exgobernador Javier Duarte de Ochoa.