Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) del gobierno de la Ciudad de México, impugnó ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) la negativa de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) de hacer público los estudios que realizó para determinar la necesidad de aumentar los salarios mínimos.
En el recurso interpuesto, se recuerda que el titular de la Conasami, Basilio González Núñez, se comprometió desde el pasado 25 de septiembre de 2014 a elaborar el "Informe final que contiene los resultados de las investigaciones, estudios efectuados y sugerencias de los trabajadores y patrones".
Explicó el funcionario capitalino que por ley, la Conasami debe decretar el salario mínimo de 2017 a más tardar en diciembre de este año, por lo que resulta insostenible la reserva de un año al informe.
Sin embargo, a la fecha no ha dado a conocer sus resultados, a pesar de que la propia dependencia ha reconocido que ya tiene los resultados del documento requerido; no obstante, considera que puede negar el acceso a él porque ahora mismo se encuentra en "un proceso deliberativo".
El titular de la Sedeco mencionó que el documento requerido se denomina precisamente "Informe final", es decir, luego de dos años ha concluido y le han sido entregadas a la Conasami las investigaciones realizadas por diversas instituciones nacionales e internacionales, por lo que evidentemente la deliberación ha concluido, por lo que no existe razón para negar su entrega.
Explicó Chertorivski que la negativa a darlo a conocer no sólo incurre en una violación al derecho de acceso a la información, sino que además compromete la seriedad y las buenas prácticas de transparencia con las que trabajan instituciones tan respetables como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Banco Mundial (BM), e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras.
Salomón Chertorivski argumenta en su impugnación que la negativa a entregar el estudio solicitado obstaculiza el propósito fundamental del derecho de acceso a la información: conocer si la política salarial en México está bien construida y bien fundamentada, y si existen alternativas económicas viables para garantizar que quien trabaja honestamente perciba lo suficiente para salir de la pobreza extrema.