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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acordó concluir el seguimiento de la recomendación 37/2017 por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Dicha recomendación se realizó por discriminación de género, hostigamiento laboral y acoso sexual contra seis mujeres trabajadoras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 'Ismael Cosío Villegas' (INER).
Mediante el oficio, con fecha del 31 de agosto de 2018 y recibido por la institución el pasado 11 de septiembre, la CNDH comunicó a la SFP la conclusión de dicha recomendación, emitida el 8 de septiembre de 2017, tras el estudio de las actuaciones y aportaciones realizadas por la Secretaría.
Cabe precisar que la investigación de la SFP, a través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 'Ismael Cosío Villegas' (INER), fue iniciada con fecha anterior a dicha recomendación, el 18 de julio de 2017, a partir de denuncias en medios de comunicación.
Además, la SFP ha emprendido una serie de acciones encaminadas a la prevención y sanción del acoso sexual y hostigamiento sexual, entre ellas la emisión de las medidas para incorporar la perspectiva de género en los procedimientos administrativos y la sensibilización en esta materia del personal de los órganos internos de control.
La recomendación 37/2017 se refiere a una queja de acoso sexual y hostigamiento laboral en agravio de seis mujeres, por la que se inició el procedimiento administrativo disciplinario en contra de un servidor público.
El 26 de mayo de 2015, se recibió en la CNDH un escrito mediante el que trabajadoras y una extrabajadora del INER manifestaron que el 23 de octubre de 2014 presentaron escrito de queja ante la Dirección General y el Órgano Interno de Control (OIC) correspondiente, en el que, en resumen, señalaron ser víctimas de "violencia laboral, discriminación por género, hostigamiento y acoso sexual, manipulación psicológica, amenazas y abuso de autoridad" por parte de un admonisytativo.
En dicho escrito señalaron que el denunciado atentó contra su derecho a una vida libre de violencia y a su derecho a tener un trabajo en condiciones equitativas, ya que señalaron que dichos servidores públicos habían cometido conductas de abuso de poder, prepotentes y arbitrarias.