CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, advirtió ante la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados que, derivado de la Reforma Financiera, se detectaron 67 cláusulas abusivas en los contratos de adhesión que maneja el sector de ahorro y crédito popular del país.
Al participar en el Foro "La Economía Social en México, Diagnostico del Sector Social", realizado en San Lázaro, detalló que, por ejemplo, se descubrieron 31 irregularidades en servicios de crédito personal que otorgan cajas de ahorro y Sofipos, donde no se indica con exactitud al usuario cuánto y cuándo se le cargarán los adeudos vencidos a su cuenta de depósito.
La segunda falta más recurrente, refirió el funcionario, es en los servicios de depósito a la vista. La instancia a su cargo ha encontrado 20 cláusulas abusivas donde las entidades financieras de este tipo realizan cargos a la cuenta de depósito del usuario, sin indicarle previamente cuándo se realizarán ni su monto.
Di Costanzo calificó de "imperdonable" que muy pocas instituciones del sector de ahorro y crédito popular tengan programas de educación financiera, ya que "quien está generando la inclusión financiera en este país, no son los grandes bancos, sino este sector, que llega a donde no llegan las instituciones bancarias. Por eso es doble la responsabilidad".
Destacó que dichas instituciones tienen una importancia "vital" para la economía mexicana, al ser una herramienta básica para generar inclusión financiera. "Está en nosotros la gran responsabilidad de mejorar su transparencia, sus sanas prácticas, sus calificaciones y la eliminación absoluta de sus cláusulas abusivas", concluyó.
En este contexto, la diputada presidenta de la Comisión Fomento Cooperativo y Economía Social, Norma Xochitl Hernández Colín, dijo que el reto de las empresas colectivas es ser un contrapeso para que los problemas financieros del país no deriven en desempleo y los bajos salarios, sino que propicien el desarrollo controlado desde la base que genera la inversión en el mismo espacio geográfico.
César Arnulfo Zepeda Prado, de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), resaltó que en la Ley General de Sociedades Cooperativas no existe una definición de este tipo de negocios. Es un pendiente, dijo, que falta puntualizar para el mejoramiento del marco jurídico.
Destacó que el reto será lograr una regulación y supervisión adecuadas y equilibradas, que no tengan más costos que beneficios. Además, refirió que en la reforma financiera se quedaron muchos pendientes como el reconocimiento pleno de la participación del sector social de las cooperativas de ahorro y préstamo en el sistema financiero en México.
Además de lo anterior, continuó, falta una mayor profundización del derecho cooperativo en nuestro país, y eso traerá consigo adecuaciones al marco jurídico general en el ámbito de la actuación de las cooperativas, no nada más en los temas del sector social, sino en el sistema financiero.
José de Jesús Moreno Pedraza, director de Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), destacó que la principal fuente de financiamiento para los ejidos y comunidades, son las sociedades de ahorro y préstamo; por ello, se les debe fortalecer y elevar su competitividad, a través de los productos y servicios que ofrecen, y consolidarlas como el eje impulsor del desarrollo.
Se requiere que las sociedades financieras de ahorro y préstamo sean el brazo económico de los proyectos productivos que se puedan emprender. "No queremos seguir siendo una institución de fomento, sino enseñarle a los beneficiarios, a través de sus ahorros o financiamientos, a que generen e impulsen proyectos productivos, con la finalidad de eliminar el asistencialismo".
Aseguró que falta mucho por hacer, así como trabajar de la mano con las entidades financieras del sector social, con el propósito de que sean el conducto para llegar a las zonas más marginadas del país y se puedan financiar proyectos productivos viables y sustentables para cada una de las localidades.