El Congreso de Aguascalientes aprobó este viernes una serie de reformas que "blindan" la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. El dictamen fue aprobado en lo general y lo particular.
La diputada Paloma Cecilia Amezquita Carreón, Integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, presentó un dictamen acumulado de las Comisiones Unidas de Familia y Derechos de la Niñez, así como de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre la iniciativa de reforma a la Constitución de Aguascalientes.
Las iniciativas, indicó la legisladora en la sesión de este viernes, hacen adiciones al Artículo 2 constitucional y recogen una iniciativa ciudadana del Frente Nacional por la Familia, la cual reforma el artículo 11 de la Constitución local.
"El esfuerzo de la primera iniciativa consiste en incluir en la Constitución del Estado el reconocimiento del derecho y respeto de la vida de la persona desde el inicio en la concepción y hasta su culminación en la muerte natural. Así como el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica aclarando que para efectos de la Constitución y la leyes que de ella emanen 'persona es todo ser humano'", indicó la legisladora.
En tanto, la segunda iniciativa da garantía de que ninguna persona en el estado puede ser objeto de actos u omisiones "cuya intensión o expectativa sea causada su muerte prematura , así como de que todas las autoridades que integran nuestra entidad asuman su papel como salvaguardador" de la vida, explicó.
Agrupaciones feministas han señalado que esta reforma constitucional criminaliza a las mujeres por abortar.
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes expuso en redes sociales que la iniciativa está "criminalizando el aborto en Aguascalientes. Esta era una reforma que sabíamos que pasaría debido a las deudas políticas de campaña. Sin embargo es una reforma inconstitucional a nivel federal".
La colectiva Morras Help Morras apuntó recientemente que el Congreso de Aguascalientes votaría una "iniciativa clasista, punitivista y racista, que promete 'proteger' la vida desde la concepción", y que esta era impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN). También destacó que esta iniciativa ha sido declarada inconstitucional en dos ocasiones anteriores.
"Les recordamos que la NOM-046 sigue vigente porque es de orden federal. Abortar en caso de agresión sexual es un derecho ya garantizado", publicó en su cuenta de Twitter.
Esta norma señala que las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deben ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de una agresión sexual, la anticoncepción de emergencia, dando previamente la información completa sobre la utilización de este método, "a fin de que la mujer tome una decisión libre e informada".
"En caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Para ello, y de acuerdo a la NOM-046-SSA2-2005, solo es necesario presentar una solicitud por parte de la usuaria mayor de 12 años de edad, en donde, bajo protesta de decir verdad, manifieste que dicho embarazo es producto de violación sexual", agrega.
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