CHIHUAHUA.- Ante la negativa del Gobierno federal para transferir a
Chihuahua, recursos extraordinarios convenidos, el gobernador Javier Corral Jurado anunció que promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se analice el uso del presupuesto público como mecanismo de control hacia los estados.
Agregó que la controversia es en contra de la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e incumplir unilateralmente un contrato con una entidad federativa.
Además, anunció que ejercerá acciones legales, en atención al llamado que le hizo el presidente Enrique Peña Nieto, quien en respuesta a la rueda de prensa en que denunció públicamente la falta de recursos, le pidió que acuda ante las instancias correspondientes.
El incumplimiento de la SHCP en los cuatro convenios, dijo, merma las capacidades, competencias y facultades del gobierno del Estado para la consecución de sus objetivos y el cumplimiento de su tarea constitucional.
Este mecanismo de control político, añadió Corral Jurado, es un instrumento muy delicado que puede convertir esta discrecionalidad de cumplimiento o no, para impedir el ejercicio de combate a la corrupción política en un estado.
Sostuvo que una acción así no se realiza sin la autorización del presidente de la República.
"Porque lo que lo está en el fondo de esta decisión, es que pretenden doblegarnos, callarnos, silenciarnos. Negociar una investigación que involucre a un alto funcionario del PRI, a cambio de recursos a los que Chihuahua tiene derecho como una entidad federativa", subrayó.
Corral dijo que en total son 780 millones de pesos los que no han sido transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pese a estar convenidos desde el 14 de diciembre de 2017.
En diversas entrevistas a medios de comunicación, el gobernador
amplió su denuncia de lo que llamó el castigo económico del gobierno de Peña Nieto, en represalia por las investigaciones contra de algunos militantes del PRI.
Dentro de las investigaciones de la denominada Operación Justicia para Chihuahua, para descubrir la presunta red de corrupción encabezada por el exgobernador César Duarte, han sido ejecutadas 16 órdenes de aprehensión.
En estas fueron vinculados el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por su supuesta participación en el desvío de 250 millones de pesos y el exsecretario de Finanzas del PRI estatal, Pedro Mauli Romero, quien habría administrado 63 millones de pesos entregados al tricolor, producto de cuotas impuestas al salario de burócratas estatales.
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