La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer jueves la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero quitó de la pregunta originalmente planteada la referencia a los expresidentes de México y la alusión a su probable comisión de delitos. La histórica e inédita sesión concluyó con una votación dividida de seis a cinco.
La pregunta que reformularon los ministros es: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
A favor de la consulta se pronunciaron los ministros Arturo Zaldívar, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez, Margarita Ríos, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara, estos últimos tres, quienes llegaron a la SCJN a propuesta del presidente López Obrador.
Destacó la posición del ministro Alberto Pérez Dayán, quien, en la discusión inicial, calificó de "tendenciosa" e "inquisitoria" la pregunta planteada por el presidente López Obrador y consideró que la realización de la consulta resulta "ociosa e innecesaria".
El ministro Luis María Aguilar defendió hasta el último minuto su proyecto en el que propuso no avalar la consulta al considerar que en la solicitud existe un "concierto de inconstitucionalidades".
Dicho proyecto recibió el apoyo y voto de los ministros Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Fernando Franco y Norma Piña Hernández, quienes reconocieron que su posición no es popular, pero advirtieron que tampoco busca la impunidad ni limitar la participación ciudadana en consultas públicas.
"Yo sé que ésta no es una decisión fácil y sé que posiciones como la mía no son populares ni sea apoyada por la mayoría de población mexicana; sin embargo, los jueces constituciones no somos nombrados para ser o ganar popularidad", dijo el ministro Laynez.
Mientras que el ministro Franco señaló que "no se pretende ni por asomo que queden impunes las conductas delictivas de cualquier persona, sean o hayan sido funcionarios públicos o particulares".
La ministra Norma Piña, quien sostuvo que su responsabilidad es "no ceder a presiones", indicó que ni en la Constitución ni las Leyes hay obstáculo alguno para llevar ante la justicia penal a los expresidentes que hubieran cometido algún delito.
En contraste, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, consideró que con esta decisión la SCJN tiene la oportunidad histórica de actuar como un auténtico tribunal constitucional y darle un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular.
"Si tenemos éxito, habremos inaugurado una nueva etapa de nuestra vida democrática", aseguró el ministro presidente.
Al final, la Suprema Corte determinó que la materia de la consulta planteada no viola la Constitución y estimó que esta no debe interpretarse en el sentido de que está encaminada a que las autoridades de impartición y procuración de justicia cumplan o dejen de cumplir con sus atribuciones.
Señalaron que el espíritu es que la ciudadanía tenga la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado, para garantizar la justicia y los derechos de las víctimas.
Por ello, al final modificaron la pregunta original, de la cual quitaron las palabras expresidente, delito y los nombres de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
A más tardar este viernes la SCJN debe notificará al Senado su decisión para los efectos conducentes.
Distintas posturas
La votación fue dividida y los ministros explicaron sus razones.
Arturo Zaldívar
"Si tenemos éxito, habremos inaugurado una nueva etapa de nuestra vida democrática".
Javier Laynez
"Yo sé que ésta no es una decisión fácil y sé que posiciones como la mía no son populares ni sea apoyada por la mayoría de la población".
Fernando Franco
"No se pretende ni por asomo que queden impunes las conductas delictivas de cualquier persona, sean o hayan sido funcionarios".
Norma Piña
"Ni en la Constitución ni las Leyes hay obstáculo para llevar ante la justicia penal a los expresidentes que hubieran cometido algún delito".
Luis María Aguilar
"Condiciona la eficacia y validez de los derechos humanos y sus garantías a lo que determine la población, no es posible condicionar los derechos humanos a lo que determine la población".
Alfredo Gutiérrez
"Tampoco considero que la pregunta tenga un elemento de política criminal".
Margarita Ríos Farjat
"El proyecto no presenta una alternativa posible a la consulta popular, deja intocada la pregunta y la interpreta desde su enfoque más restrictivo".
Yasmín Esquivel
"Considero que lo que el titular del Ejecutivo somete a consulta corresponde a la materia de responsabilidad de exservidores".
Jorge Mario Pardo
"No puede ser materia de consulta el ejercicio que es obligatorio de las atribuciones que tienen las autoridades".
Juan Luis González Alcántara
"Al Congreso le corresponderá su aprobación, existiendo la posibilidad de que el propio presidente retire su solicitud".
Alberto Pérez Dayán
"La materia de la consulta sí es viable, (aunque) me parezca ociosa e innecesaria".
El plebiscito aún debe ser aprobado por el Congreso
El Congreso de la Unión será quien tenga la última palabra sobre si se realiza la consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los ciudadanos decidan si se enjuicia a los últimos cinco expresidentes de México, o a algún otro "actor político" que haya tomado "decisiones políticas" en años pasados.
El procedimiento está establecido en Ley Federal de Consulta Popular que, en su artículo 5, indica que, si en la consulta participa al menos 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, para las autoridades competentes.
Según el artículo 26 de dicha legislación, cuando la petición de consulta popular provenga del Presidente de la República, se seguirá el siguiente procedimiento:
"El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la enviará directamente a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta formulada para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de 20 días naturales".
La Suprema Corte resolverá si es constitucional la materia de la consulta y revisará que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta y no sea tendenciosa o contenga juicios de valor, emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.
La Suprema Corte podría realizar las modificaciones conducentes a la pregunta (como ocurrió en este caso), a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con la Ley.
Aprobadas la consulta y la pregunta, deberá notificar a la Cámara de origen su resolución dentro de las 24 horas siguientes a que la emita.
Entonces la Mesa Directiva de la Cámara de origen publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnará la petición a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen. La pregunta aprobada por la Corte no podrá modificarse.
El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso; en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido.
Además, una vez aprobada la petición por el Congreso, éste expedirá la convocatoria de consulta popular mediante Decreto, la notificará al Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Oposición ve sometimiento de la SCJN al Ejecutivo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está sometida a las presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó el líder nacional del PAN, Marko Cortés.
De acuerdo con el dirigente del blanquiazul, es muy penoso que algunos ministros se presten a las artimañas electorales del Ejecutivo.
Para la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, la decisión de los ministros de la Corte es "muy lamentable", porque se dejaron "amedrentar" por el presidente López Obrador.
En defensa, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que, ante la declaración de la constitucionalidad de la solicitud de consulta popular para enjuiciar a expresidentes por presuntos actos de corrupción, la mayoría legislativa en la Cámara alta actuará con sensatez y prudencia para continuar el trámite legislativo que la Ley determina. Con información de Eduardo Ortega y Víctor Chávez