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VICTORIA.- Por tercera ocasión, un juez de control otorgó a la defensa del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.
El exmandatario es acusado de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con un daño al erario de 41 millones de pesos.
En audiencia celebrada en la Sala B del Palacio de Justicia estatal, el abogado defensor, José Javier López García, argumentó que se requería de más tiempo para analizar los nuevos datos entregados por la Fiscalía, que incluyen un dictamen financiero de 13 personas y datos de 15 vehículos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas acusa a Hernández de un incremento patrimonial injustificado de 40 millones 967 mil 794.28 pesos, durante su función pública como diputado federal, alcalde y gobernador, según quedó establecido en la carpeta procesal 237/2018.
Hernández Flores siguió la audiencia por videoconferencia, acompañado de un abogado, desde el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México.
El juez Carlos Fabián González resolvió otorgar la nueva prórroga solicitada por la defensa, por dos meses, aclarando que será la última que se otorgue y estableciendo como fecha para el término de la investigación complementaria el próximo 4 de octubre.
Eugenio Hernández fue detenido el 6 de octubre del 2017, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según quedó asentado en la carpeta 67/2017, por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira.
También tiene otro proceso más que se encuentra en la carpeta 33/2018, por cargos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la compra de un predio en el municipio de Victoria y por el que se le decretó un auto de formal prisión el pasado 24 de diciembre del 2018.
El exgobernador tiene pendiente la resolución de un amparo para evitar ser extraditado a Estados Unidos, donde la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, busca procesarlo por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero.