CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Acción Nacional aplaudió la acción de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en contra de Arturo Escobar, exvocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pidió una investigación apegada a derecho y sobre todo, que no se politice el caso.
Eduardo Aguilar, representante legal del PAN, aseveró que en caso de acreditarse el ilícito (que ya está en manos de un juez), la ley prevé entre cinco y 15 años de prisión en al menos dos tipos delictivos que se acreditan por el reparto de las tarjetas Premia Platino que repartió el Partido Verde y anunció que va por la anulación del registro de ese partido.
"El PAN ha presentado cerca de 26 procesos que han sido resueltos por los tribunales, a partir de los cuales al Partido Verde se le han impuesto multas por cerca de 180 millones de pesos, por lo que una vez que se acredite el ilícito, estamos seguros que será un elemento más para solicitar la pérdida de registro del Verde Ecologista por tratase de ilícitos y de conductas reiteradas", aseveró.
Dijo que esta acción de la Fepade, responde a la denuncia que presentó Acción Nacional desde el pasado 13 de marzo por diversos delitos electorales relacionados con el reparto de dichas tarjetas pero "este es un asunto que se resuelve por pasos. Ya logramos las sanciones económicas; ahora estamos logrando que se consigne el expediente al juez penal y en su momento seguiremos con más acciones como la pérdida del registro", dijo.
Eduardo Aguilar señaló que son varios los elementos por los que el PAN presentó la denuncia, primero, "porque en su momento observamos que había varias conductas delictivas con la entrega de las tarjetas porque ofrecían beneficios económicos directos y descuentos a los ciudadanos en pleno proceso electoral, lo que significa una posible compra del voto".
En segundo lugar "porque la ley electoral prohíbe que se realicen destinos de uso de dinero en efectivo distinto a las donaciones autorizadas por la propia ley y en este caso no era ninguno de los supuestos que establecía la propia ley para poder aportar y recibir o entregar dinero.
Y en tercer lugar, dijo, porque las empresas que estaban señaladas en la tarjeta no habían autorizado ante el INE el gasto y por tanto se entendía que no estaban facultadas para poder obtener ningún beneficio electoral, ni ningún lucro.
En consecuencia observamos que se violaba el artículo 15 y siete de la Ley General de Delitos Electorales. Dijo que a lo largo de las investigaciones se lograron acreditar más de 10 mil tarjetas del programa y se observó también que el contrato con la empresa que maquiló las tarjetas lo firmó Arturo Escobar, con lo que se logró acreditar que el entonces vocero del PVEM se encontraba directamente vinculado con la operación que no se encuentra prevista en ley.
Apuntó que con todo ello, lo que el PAN exige es que los jueces correspondientes de la causa, realicen actividades propias en los términos establecidos por la ley, sobre todo apegadas a derecho sin ningún tipo de presión y que se lleven a cabo las indagatorias con toda la objetividad que el caso requiere y con la despolitización que este caso amerita.
"El hecho de que la Fiscalía haya dado este paso, a nosotros nos deja satisfechos…consideramos que ha sido una determinación objetiva, necesaria y demuestra la autonomía de la propia Fiscalía, lo cual nosotros aplaudimos", subrayó.