Denuncia de extrabajadores de constructora de Estela de Luz es para calumniarme: Calderón

El expresidente Felipe Calderón negó este lunes las acusaciones realizadas por extrabajadores de la empresa que construyó la Estela de Luz, quienes lo denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos actos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y usurpación de funciones.

Los exempleados de III Servicios SA de CV presentaron más temprano la queja, en compañía de su abogado Gabriel Regino. En ella, también involucran a exfuncionarios del sexenio de Calderón, como Patricia Flores Elizondo, quien fuera la jefa de la Oficina de Presidencia, el arquitecto Agustín Castro Benítez, y Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo en III Servicios y responsable de coordinar la ejecución de la obra.

"Niego categóricamente haber incurrido en acto alguno de corrupción o ilegalidad en la convocatoria o construcción de la llamada 'Estela de Luz'. De hecho, en la denuncia que se menciona ni siquiera hay un acto que específicamente se me impute a ese respecto, salvo el de ser presidente de la República y, como tal haber impulsado la construcción de ese monumento conmemorativo. Además de que carece de fundamento, la denuncia es una maniobra no solo para calumniarme, sino para distraer a la opinión pública de los graves problemas nacionales", aseguró en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Resaltó que, sobre la Estela de Luz, el proyecto fue concursado y decidido por un jurado designado entre el Gobierno federal y el de la Ciudad de México como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, el 26 de enero de 2009, bajo un esquema de colaboración intergubernamental.

Calderón expuso que el Gobierno Federal y el del entonces Distrito Federal convocaron a los mejores arquitectos nacionales a un concurso, cuyo objetivo sería la construcción del monumento. El jurado que se integró estaba formado por un grupo interdisciplinario de prestigio.

En su texto, el exmandatario reconoce que "hubo errores en las ingenierías del proyecto que provocaron retrasos y aumento de los costos. El proyecto ganador fue presentado con los planos y cálculos respectivos. Sin embargo, al ponerlo en ejecución, se evidenciaron algunas inconsistencias en las ingenierías que ponían en riesgo la viabilidad del proyecto".

Ante ello, agregó, se decidió hacer todos los estudios necesarios para que fuese construida con todo el rigor técnico. En dichos estudios participarían ingenieros del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la UNAM, además de empresas constructoras como ICA y Carso, quienes solamente dieron su opinión técnica al respecto.

"Como consecuencia de los estudios técnicos, entre otras cosas, la profundidad de las pilas de cimentación pasó de 30 a 50 metros, donde se encontró suelo firme; mayor a la de los cimientos de la Torre Latinoamericana y equivalente a la de la Torre de Petróleos Mexicanos o de la Torre Mayor. La de los muros perimetrales pasó de 14 a 38 metros. Se diseñó un sistema de sujeción de los paneles de cuarzo y la iluminación, además de uno para el manejo de agua pluvial, y otras más".

Calderón destacó que, de no haberse hecho estas correcciones, por ejemplo, la Estela de Luz probablemente se hubiera caído en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

"Eso implicó también un ajuste en el costo y en el tiempo de ejecución de la obra. Sin embargo, eran necesarios para soportar circunstancias de viento, agua o eventos sísmicos conforme a los escenarios más extremos que puedan preverse, y que no estaban plenamente considerados en el proyecto arquitectónico inicial. Es por ello que el costo se incrementó respecto del presupuesto original".

Insistió que " la denuncia es una maniobra política baja, sin sustento legal alguno; es frívola e improcedente".

Resaltó que fue su Gobierno el que realizó las investigaciones que llevaron a la consignación en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de los responsables.

Calderón hizo hincapié que "en efecto, durante el proceso de ejecución, la Secretaría de la Función Pública descubrió irregularidades entre una empresa constructora subsidiaria de Pemex, 'III Servicios', en la cual laboraban los denunciantes, en connivencia con empresas ejecutoras. Para investigar y en su caso castigar los hechos, realizó varias investigaciones y dos auditorías, que concluyeron con sanciones administrativas para varios funcionarios, y consignación ante la PGR de los hechos, que derivaron en orden de aprehensión para varios exfuncionarios".