CIUDAD DE MÉXICO. Luis Raúl González Pérez presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, que la desaparición constituye un serio problema de seguridad en México.
Durante la primera de dos audiencia que dicho organismo tendrá este lunes y martes ante esta Comisión de Naciones Unidas, para presentar un informe diagnóstico sobre la desaparición forzada en México, el ombudsman destacó el caso de Iguala y resaltó que la CNDH lleva a cabo la investigación de acuerdo con sus facultades constitucionales y legales.
Los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre pasado, involucran la desaparición forzada de 43 personas, advirtió y dio a conocer que en este contexto se creó una Oficina Especial para atender el caso, ha habido reuniones con familiares de los estudiantes desaparecidos, que aceptaron el acompañamiento de la CNDH.
Acotó que los derechos humanos enfrentan actualmente una de sus etapas más críticas y desafiantes en el país, e indicó que si bien éstos nunca habían alcanzado el grado de reconocimiento que tienen desde la reforma constitucional de junio de 2011, "los hechos evidencian la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas y la realidad.
"La impunidad que la sociedad advierte y los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación meramente discursiva o teórica, que como un aspecto práctico y real, cuestionando la validez y vigencia de las instituciones, así como los innegables avances que en materia de derechos humanos se han presentado en las últimas décadas".
Al presentar un informe sobre la desaparición forzada ante el organismo especializado de las Naciones Unidas, González Pérez hizo referencia a dilaciones y omisiones del gobierno mexicano en la materia, y enfatizó la urgencia de que en México se realice una labor de sistematización, compulsa y depuración de las bases de datos de que se dispone, mediante adecuada metodología y criterios claros, que permitan establecer en qué casos existen señalamientos de desaparición forzada de personas, imputada a agentes del Estado o a particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de agentes del Estado.
El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada informó que revisará la situación de México, uno de los 44 Estados que ratificaron la Convención para proteger a las personas de ese crimen.