Desinstalar Pegasus fue para destruir evidencia, acusan organizaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) informara al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que el malware Pegasus habría sido desinstalado de los equipos en los que operó, organizaciones sociales consideraron que fue para destruir evidencia.

"Pudo haber constituido un acto deliberado de destrucción de evidencia, encaminado a entorpecer la investigación en torno al abuso del sistema que se sigue ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) desde 2017", dijeron.

Las organizaciones no gubernamentales R3D, Artículo 19, Social Tic, MCCI, IMCO, Centro ProDH y El Poder del Consumidor expusieron que de comprobarse la desinstalación y la destrucción de información clave relacionada con el uso de dicho malware, se habría violado la orden de resguardo que la FEADLE emitió respecto de toda información relacionada con Pegasus y se habrían cometido diversos delitos como destrucción de evidencia y entorpecimiento de la investigación penal.

El INAI también dio cuenta de las afirmaciones de la AIC de no haber utilizado Pegasus –a pesar de haber adquirido el sistema en 2014 por una suma superior a 32 millones de dólares– hasta su supuesta desinstalación. "Esta afirmación es abiertamente falsa y podría constituir responsabilidades penales y administrativas", consideran las asociaciones civiles.

Recordaron que existe evidencia fehaciente en el expediente de la investigación penal que demuestra que, al menos hasta el 6 de julio de 2018, Pegasus estaba siendo utilizado efectivamente por parte de la AIC.

La negativa de uso de la agencia también contradice las declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno federal anterior, como del expresidente Enrique Peña Nieto y la exprocuradora Arely Gómez, quienes aceptaron que Pegasus era empleado "de manera legal"; así como declaraciones públicas de NSO Group, empresa fabricante del malware.

Es importante recordar que, a la fecha, se han documentado 24 casos de intentos de espionaje con Pegasus, en contra de activistas, periodistas, opositores políticos y personas defensoras de derechos humanos.

Estos ataques, corroborados con apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se dieron en condiciones de opacidad que sugieren actos graves de corrupción.

Aunque los hechos fueron denunciados desde el 19 de junio de 2017 ante la FEADLE, a más de 20 meses, el caso se mantiene en la impunidad para construir una Fiscalía que pueda investigar a fondo.

Además, los organismos celebraron lo expresado por el INAI e hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República para que, otorgando garantías de independencia y autonomía, reitere el llamado al resguardo de información clave relacionada con la operación de Pegasus y brinde un nuevo impulso a la investigación.

"Es su deber que se avance de manera sustantiva, con profesionalismo y celeridad, para impedir la impunidad por la contratación irregular del malware, el espionaje ilegal en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y, ahora, los intentos de encubrimiento mediante la posible destrucción de evidencia y la falsedad de declaraciones".

Por su parte, el INAI resolvió dar vista al Órgano Interno de Control en la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que determine si los servidores públicos a cargo de operar el software Pegasus incurrieron en responsabilidades administrativas.

Adelantó que también dará vista a la Auditoría Superior de la Federación para que verifique los bienes adquiridos y los servicios contratados por la entonces PGR relacionados con el software e investigue los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad, o presunta conducta ilícita o comisión de faltas administrativas, en términos de lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

A la ASF le solicitó que determine la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público Federal, por hechos presuntamente constitutivos del delito de ejercicio ilícito de servicio público, previsto en las fracciones IV y V del artículo 214 del Código Penal Federal, a efecto de que en el ámbito de su competencia determine lo que en derecho corresponda.