CUERNAVACA.- Ante la falta de recursos en el Congreso del estado de Morelos, los diputados locales confirmaron el despido masivo de trabajadores del Poder Legislativo, y la posibilidad de que las futuras contrataciones sean a través de empresas "outsourcing" para evitar la generación de derechos laborales. Aunque no hay una cifra oficial, fuentes allegadas internas revelaron que son alrededor de 600 despedidos, entre empleados de confianza y sindicalizados.
En entrevista la diputada y presidenta de la mesa directiva del congreso de Morelos, Beatriz Vicera Alatriste, dijo que este cese del personal es con la finalidad de un reordenamiento de los empleados que según ella, se realiza año con año, además de optimizar los pocos recursos con lo que cuenta el congreso local.
"No lo llamaría yo así (despidos), yo lo llamaría que estamos tratando de optimizar los recursos. Estamos administrativamente recomponiendo las situaciones que se hacen cada periodo en el área administrativa en los expedientes de los trabajadores los vuelven a poner en orden", apuntó.
Por su parte el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Juan Carlos Alanís Romero indicó que se sabe el personal que serían despedidos serían únicamente personal de confianza, sin señalar un número exacto de estas personas, pero aseguró que a todos los trabajadores que están firmando su renuncia les están pagando únicamente la quincena que paso, la cual no la habían recibido por la falta de dinero.
"En este momento se está despidiendo a todo el personal de confianza del Congreso hasta donde tengo entendido, obviamente se está valorando algunos casos especiales y se estarán tomando decisiones a lo largo del transcurso del día, y bueno aquellas personas que están presentando su renuncia se les está pagando en ese momento", indicó.
De igual manera resaltó que al hacerlos firmar su renuncia "no significa que se vayan a quedar sin trabajo, simplemente es un ajuste que se tiene que hacer en el tema laboral y en el mes de febrero estaremos analizando recontratarlos".
Una de las propuestas es que, a partir del próximo año, el Congreso contrate empresas privadas para realizar labores como limpieza, seguridad, asesoría jurídica e incluso el servicio de edecanes.
Y es que, de acuerdo a información recabada en las áreas administrativas del Congreso, los 460 millones de pesos que les había asignado el Poder Ejecutivo para todo el año, se lo acabaron en julio pasado.