La PGR detectó cuentas bancarias y propiedades de Javier Duarte de Ochoa en Suiza, reveló la dependencia federal ante el Juez Distrito que anoche vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz por delincuencia organizada y lavado de dinero. Durante la audiencia, los agentes del Ministerio Público justificaron así la necesidad de ampliar la investigación contra Duarte de Ochoa por seis meses más. Dijeron que el 17 de julio pasado, la dependencia que encabeza Raúl Cervantes Andrade envió el oficio CGI-VII-2015-2017 al gobierno de Suiza en el que solicita la colaboración para obtener información de las cuentas que Duarte abrió en ese país.
El lunes 17 de julio se envió el oficio CGI-VII-215-2017 también al gobierno de Suiza para solicitar información de cuentas bancarias y propiedades que se detectaron a nombre de Javier Duarte de Ochoa. Guevara Pérez estuvo acompañado y asesorado por cuatro agentes del Ministerio Público; Israel Lira Salinas, titular de la SEIDO, así como un funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Ante el juez dijo que hasta ahora está documentado un desvío de mil 670 millones de pesos del erario de Veracruz, pero podría ser de 3 mil 148 millones, cifras muy superiores a los 439 millones que la PGR dio en un principio. El titular de la SEIDO explicó que la red que encabezó Duarte usó dos empresas clave (Consorcio Brades y Terra Urbanizadores), mismas que fueron fondeadas por 27 empresas fachada. Los funcionarios enumeraron 82 “datos de prueba” con los que la PGR busca acreditar que Duarte era líder una red criminal que, mediante un complejo entramado, desvió millonarios recursos de la hacienda pública. Su teoría es que dichos recursos se introdujeron al sistema financiero a través de las empresas fachada, usadas también para la compra propiedades, todo para dar al dinero una apariencia de licitud. Entre los datos de prueba están: la declaración de cuatro amigos y excolaboradores de Duarte, documentos públicos de la constitución de empresas, estados de cuentas bancarias y escrituras públicas de empresas. Los empleados de la PGR explicaron al juez que, en los seis meses de investigación complementaria, buscará ampliar las declaraciones de los testigos Alfonso Ortega López y Arturo Bermúdez Zurita. También pretende obtener información financiera de pagos que hizo el gobierno de Veracruz a empresas relacionadas con Duarte y sus testaferros. La defensa de Javier Duarte desestimó la investigación de la PGR, pues dijo que no sólo es “endeble”, sino “patética y temeraria”, ya que está plagada de datos “falsos, gaseosos, vagos e imprecisos”. Acusó que la PGR cambió el tipo penal y pidió anular pruebas, entre ellas, la declaración de testigos, a quienes se les ofreció el indulto a cambio de que dijeran lo que la PGR quería escuchar. Al final el juez Gerardo Moreno García dio la razón a la PGR pues aportó las evidencias indispensables; aseguró que no se cambió el delito y dijo que el hecho de que las propiedades no estén a nombre de Duarte no quiere decir que éste no haya tenido “uso, goce o disfrute” de ellas.