CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Raúl González, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), urgió a las autoridades a garantizar la seguridad y libre tránsito de las personas, principalmente en Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, donde la violencia se ha desbordado por la presencia del crimen organizado.
"Las autoridades no pueden renunciar o dejar de lado, bajo ningún supuesto, la responsabilidad y obligación que tienen de brindar un mínimo de condiciones de seguridad a las personas, que permitan el normal desarrollo de sus vidas, con garantía de sus derechos humanos", dijo el ombudsman.
Evidenció que las autoridades en lugar de asumir su responsabilidad de brindar seguridad y garantizar los derechos humanos de las personas, obligan a éstas a asumir como decisión propia la restricción de sus libertades.
"No podemos aceptar que se vuelvan parte de nuestra normalidad, situaciones tales como las que se viven en algunas partes de Tamaulipas, donde una de las respuestas que dan las autoridades ante los hechos de violencia que se presentan, consiste simplemente en avisar de los lugares donde están sucediendo, a efecto de que las personas, por miedo a sufrir alguna afectación, decidan, por ellas mismas, restringir sus derechos de libre tránsito y reunión, entre otros, para permanecer resguardados en sus domicilios", acusó.
Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ante el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el ombudsman nacional dijo los derechos humanos en México se encuentran en un entorno "complejo", ocasionado por el aumento en la impunidad, la corrupción, la violencia, y la inseguridad que debilitan la institucionalidad y están vinculadas a la violación de derechos humanos.
Aseguró que el debido cumplimiento y aplicación de la ley, incidiría en la prevención y abatimiento de esos fenómenos que generan la percepción de un estado de derecho laxo, con una amplia tolerancia al incumplimiento o contravención de la ley.
"Para que se generen estos efectos, el cumplimiento de la ley debe asumirse como una responsabilidad y compromiso, lo anterior, implica desarrollar una auténtica cultura de la legalidad", agregó.
Llamó a las autoridades a atender los problemas de inseguridad en forma integral y con una estrategia "basada en una lógica más preventiva que reactiva", agregó.
Al referirse al trabajo que realiza la CNDH, González Pérez informó que 61 mil 661 personas acudieron, durante 2016, al organismo nacional, por estimar violentados sus derechos fundamentales por algún acto de autoridad.
Por ello, se inició el trámite de 25 mil 233 nuevos expedientes, de los cuales, 9 mil 408 correspondieron a quejas, 7 mil 838 a orientaciones directas, 7 mil 430 remisiones a organismo locales o especializados y 557 a inconformidades.
En materia de quejas, en ese año las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia, son: IMSS, con 2 mil 74 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de Gobernación, con mil 619; ISSSTE, 838; Policía Federal, 660; SEP, 537; Instituto Nacional de Migración, 532; PGR, 512; Sedena, 439; Semarnat, 258, y Sedesol, con 247.
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