El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que realicen una auditoría de los recursos entregados y ejercidos a través de Nacional Financiera, SNC e IBD del fideicomiso número 80724 denominado "Río Sonora" y que, en su caso, se finquen las responsabilidades a los funcionarios involucrados.
También pidieron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), "que realice un estudio la calidad del agua del río Sonora", y que "la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice nuevos estudios que descarten riesgos a la población humana, animal y vegetal, en la región del río Sonora".
A cinco años del desastre ecológico en el río Sonora y Bacanuchi, desde la tribuna, el grupo parlamentario de Morena -a través del diputado sonorense Heriberto Aguilar Castillo- exigió que se investiguen y sancionen las irregularidades en las que incurrió la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco.
Denunció que "los hogares recibieron sólo un primer apoyo, consistente en un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora y un promedio de 15 mil pesos en efectivo para garrafones de agua; pero nunca se atendió la urgente demanda de instalar plantas potabilizadoras en cada población afectada por el derrame tóxico, así como la concreción de una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, en su modalidad de clínica de atención médica especializada, equipada y bien atendida".
Expuso que "de septiembre a diciembre de 2014 se ejercieron 805 millones de pesos para ayudar a poco más de 18 mil personas. En cambio, durante 2015, el gasto fue de 230 millones para beneficio de sólo cuatro mil habitantes, y hasta julio de 2016 sólo se benefició a nueve personas con 547 mil pesos. Los ganaderos y agricultores fueron los más beneficiados, mientras que en cultivos, salud, jornaleros y pescadores se destinaron cantidades mucho menores".
"El Fideicomiso Río Sonora dejó de actualizarse en 2015 y en julio de 2017, y en febrero de 2017 el Comité Técnico declaró la extinción del fideicomiso, al darse 'por cumplidos los objetivos del programa de remediación'", indicó el legislador.
"Dicha acción, además de irregular -de acuerdo a los reportes financiero del mencionado fideicomiso, sólo se destinó el 60 por ciento de los dos mil millones que se impusieron a Grupo México como monto para la remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame- también resultó insuficiente, pues no se cumplieron con los objetivos y aún no se tiene certeza de que las condiciones del vital líquido, base de la vida económica y social la región del río Sonora, sean las apropiadas para el consumo humano", expuso Aguilar Castillo.
"Para los habitantes de la región fue un día de infamia, cuando la inconsciencia y la impunidad se impusieron a la razón y a la justicia. Este hecho acabó con la columna vertebral de la vida económica y social de más de 25 mil habitantes de la región, pues no sólo provocó trastornos económicos, sino que obligó al cierre de escuelas y pozos y afectó la salud de cientos de personas, de acuerdo con informes de la propia Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)", señaló.