CIUDAD DE MÉXICO.- Las detenciones en el Estado de México ocurren, 91.7 por ciento de las veces, en flagrancia, y sólo un 8.3 por ciento mediante una orden de aprehensión, lo que presume una débil capacidad de investigación de los Ministerios Públicos, señalaron especialistas.
"Que nueve de cada 10 imputados hayan sido detenidos en flagrancia sugiere una baja capacidad de investigación policial bajo supervisión de la fiscalía; es decir, no parece existir un Ministerio Público investigador que solicite órdenes de aprehensión después de haber recabado datos de prueba de una investigación", señala el estudio ¿Cómo se juzga en el Estado de México? presentado por la organización México Evalúa.
Gustavo Fondevila, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Máximo Langer, de la Universida de California Los Ángeles (UCLA), autores del estudio, reconocieron que desde la aplicación del sistema de justicia penal en la entidad, los casos se procesan de forma mucho más expedita, algunos se resuelven en 30 días, principalmente por el uso de salidas alternas y procedimientos abreviados; es decir, que el imputado reconoce su responsabilidad.
Sin embargo, dijeron que es preocupante el hecho de que aunque los imputados cuenten con un abogado desde la primera audiencia, "la defensa no necesariamente interviene en el momento oportuno ni tiene la calidad requerida", expresó Langer.
Esta declaración se basa en que el 53.3 por ciento de los defensores son públicos y no presentan pruebas adicionales para probar inocencia o culpabilidad de sus defendidos.
El estudio se basó en mil 145 expedientes concluidos entre 2010 y 2014 en el Estado de México, donde el sistema de justicia penal entró en vigor en 2009.
En esos archivos se encontró que 18.05 por ciento de los imputados sufrió tortura o tratos crueles por parte de la policía, de acuerdo con los médicos legistas; además, esos antecedentes no fueron validados por la fiscalía o excluyó las pruebas en todos los casos.
Como comentarista de la investigación, Alejandro Ponce de León, director general del programa por el Bien de la Justicia de USAID México ProJusticia, señaló que en el nuevo sistema judicial, el registro de información se debe realizar en videos, no en expedientes, material en el que se basaron los investigadores para el estudio, por lo cual el tener tanta información en esos archivos hace improcedentes los juicios.
"Eso es terrible, no puede estar ocurriendo, el Ministerio Público no puede entregar la carpeta de investigación al Tribunal del Control (me llamaba tanto la atención de dónde habían sacado tanta información que se refería al control), esos 1145 casos que estudiaron podrían ser declarados nulos, porque se está contaminando al juzgador, eso ya no puede ocurrir", señaló el especialista en temas jurídicos.
Para conocer detalles del estudio se puede consultar el documento en http://bit.ly/JusticiaEdomexDocumento